Las andanadas de corrupción que a diario comprueban los ciudadanos ha elevado el paroxismo social a niveles peligrosos. ¡La cúpula del poder sigue corrompida! Igual o aún peor que cuando, a comienzos de siglo, Toledo se presentara como el caballero noble que guerrearía hasta erradicar la corrupción acuñada por el fujimontesinismo. No obstante Toledo acabó instalado en EEUU tras robarnos al menos US$35’000,000. Dos décadas, después la corrupción de los cinco presidentes democráticos igualó o incluso largamente superó a las miasmas dejadas por la parejita Fujimori-Montesinos. En consecuencia, el peruano se siente estafado, indignado con toda esta morralla de gobernantes dizque democráticos, que se dedicaron a robar a manos llenas creyendo que, al finalizar sus gestiones, podrían disfrutar del botín despojado a la ciudadanía. Empecemos por Ollanta Humala. Un capitán izquierdista convertido en eficaz prosélito de la podredumbre, tras haber sido apadrinado por Vargas Llosa quien, dicho sea de paso, también prohijó a Toledo, Kuczynski y Vizcarra. Humala y su esposa Nadine se corrompieron hipotecándose a la viciosa Odebrecht para robarle millones de dólares al Fisco. PPK fue un chasco para la derecha, el centro e izquierda por usar la investidura de jefe de Estado para encubrir sus trapisondas –igualmente con Odebrecht- mientras ejerciera los cargos de ministro de Economía y primer ministro de Toledo. Cínicamente pretendió salir airoso aliándose con la progresía marxista de los caviares, alucinando que esta mugre le salvaría de la condena. PPK dejó una bomba de relojería: Martín Vizcarra. Un auténtico felón y mitómano profesional que engañó al país con la misma narrativa de Toledo: gobernaré para salvar al Perú de la corrupción. Vizcarra resultó siendo un mercenario dedicado a apoderarse del Estado para gobernar a perpetuidad. Como los jerarcas Castro, Maduro, etc., capturó el Ministerio Público y patrocinó un espectáculo de fuegos artificiales para deshacerse del Consejo de la Magistratura.

En paralelo estableció un nuevo órgano –la Junta Nacional de Justicia JNJ- a través de la cual manejaría el poder Judicial y el Jurado de Elecciones, dado que la JNJ no sólo designa y remueve a jueces y fiscales, sino que hace lo mismo con los integrantes del Jurado electoral. A través de la Fiscalía Vizcarra controló a la Policía y a la ciudadanía. Fundamentalmente a la oposición a la que no sólo espiaba vía grabaciones telefónicas y de las redes sociales, sino que amedrentaba por medio de la Diviac –división de la Policía política- encargada de operativos mediáticos para intimidar a quien se atreviera a oponerse al entonces todopoderoso moqueguano. Aunque también Vizcarra recurría a la Sunat para perseguir a quienes no comulgasen con sus dictados.

El país viene conociendo esa verdad que, desde esta columna, intuimos el mismo día que Vizcarra capturó la presidencia. A la luz de tamaños abusos urge que el Congreso vaque a la fiscal de la Nación e investigue las componendas que existieron para elegir a los integrantes de la JNJ y, consecuentemente, desaforar a quienes acabaron siendo digitados por Martín Vizcarra. Caso contrario, correremos igual suerte que Venezuela.