El deterioro institucional que ha vivido el Perú en el último lustro: dos parlamentos, 4 Presidentes de la República, 6 miembros del TC con mandato vencido, un Consejo Nacional de la Magistratura liquidado, una Junta Nacional de Justicia construida bajo muchas sospechas, una batalla campal en el Ministerio Público, un Poder Judicial con muchos vocales supremos faltantes, un Jurado Nacional de Elecciones sin el magistrado que le corresponde al Colegio de Abogados de Lima, entre otras perlas son en buena medida responsabilidad de Martín Vizcarra, quien asaltó varias de estas instituciones en su afán de que sus causas pendientes con la justicia (por sus corruptelas en Moquegua y la trama “Chinchero”) no lo alcancen.
Juárez Atoche, el fiscal que ve su caso, obtuvo una estruendosa derrota al pedir su prisión preventiva; la juez Álvarez manifestó en la audiencia que hay fundados elementos de convicción sobre los ilícitos que se le imputan pero decidió que el expresidente siga el proceso en libertad. El mencionado fiscal debe apresurarse en acusar o dará la impresión de que de alguna forma opera a su favor. En un juicio oral es claro que la suerte está echada.
El problema es que el ahora candidato de Somos Perú en Lima Metropolitana de entrar al Parlamento intentará eludir la justicia los 5 años que el cargo le dure, para ello -y quizás con un Ejecutivo que pueda ser cómplice- puede evitar que, aún sea sentenciado, su condena se haga efectiva. La tan atacada por él inmunidad parlamentaria es su ruta de escape el día de hoy, al menos por unos años.
Este Parlamento, primero en la Comisión Permanente y luego en el pleno debe apresurar su inhabilitación política. Un traidor a la patria no puede ser padre de la patria; tienen para fundamentar esta decisión toneladas de argumentos, entre los cuales, además de sus coimas en el sur de la patria, está la prebenda y traición de su vacunación anticipada. Estamos hablando no solamente de un corrupto sino de un político que desde el poder ha impulsado políticas sanitarias genocidas. Su actuación en la pandemia es la culpable de que se pierdan decenas de miles de vidas de compatriotas. Si el primer poder del Estado y las bancadas que lo conforman no lo descalifican para ejercer cargo público estarían actuando como sus cómplices y tendrán que responder, más temprano que tarde, ante la historia.
Permitir que “el lagarto” siga actuando en política sería ser facilitadores de su impunidad. Un Vizcarra en el próximo Parlamento será la punta de lanza del poder conjugado que ha mandado en el país en los últimos 10 años. Ha quedado demostrado con el manejo de Sagasti que el moqueguano es indispensable para la “Constructocracia”, para los otros oligopolios a los que ha favorecido y para buena parte de la izquierda marxista criolla y oenegera que hoy carece de líder. Lo necesitan. Sin él se han debilitado claramente. Permitir que se blinde con la categoría de congresista sería una torpeza mayúscula. Es inaceptable.
Por otro lado el próximo Parlamento debe establecer una “Comisión de la Verdad Covid-19”. Necesitamos conocer, entre otras cosas, los negociados que se hicieron con las pruebas rápidas, las corruptelas con Sinopharm (la Odebrecht de Sagasti) y sobre todo el número real de fallecidos, oculto innoblemente hasta el día de hoy.