El 4 de diciembre el Congreso aprobó el proyecto sustitutorio de los proyectos de leyes 5905, 5992, 6018, 6164, 6251, 6273, 6309, 6280, 6351, 6301, y 6311-2020-CR, sobre acceso al tratamiento de la enfermedad por coronavirus, quitando la obligatoriedad de las vacunas contenida en el proyecto presentado por Martín Vizcarra, lo cual es correcto, porque tal obligatoriedad es violatoria de los derechos humanos; pero mantiene la genocida norma modificatoria del artículo 8 de la Ley 29459 que permite el registro sanitario condicional a medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en Fase III con sólo resultados preliminares.

Esto constituye la legalización del genocidio que vienen ejecutando desde los presidentes de la República, ministros, funcionarios de salud, médicos, personal asistencial, personal policial y militar, medios de desinformación, y ahora congresistas, que se están prestando al plan de inocular “vacunas” a la población engañada con las falsas bondades de sustancias que han sido fabricadas en 4 meses, que no han sido probadas ni siquiera en animales, y que todo el mundo científico serio está denunciando que tienen componentes de extremo riesgo para la salud, la integridad genética y la vida de los seres humanos.

Todo medicamento o producto farmacéutico exigía antes de esta gravísima modificación, haber pasado por Fase IV, esto es la evaluación de los efectos adversos o secundarios que pudiera provocar a un número de pacientes mucho mayor a lo probado en las fases anteriores, las cuales tienen como requisito la conclusión de las pruebas en animales.
Se está denunciando en todo el mundo que la aplicación de las vacunas está provocando pérdida inmediata de la capacidad cognitiva, volitiva y de percepción espiritual, daño neurológico, mielitis transversa, y la muerte en personas sanas, sin contar los efectos posteriores, hay personas que están muriendo después de la segunda dosis, sin saberse qué otras enfermedades letales están produciendo.

La presión para que el Congreso apruebe esta ley inconstitucional, porque viola los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de Bioética, ha tenido por objetivo tener el marco legal para continuar con la ejecución del plan genocida de la elite globalista, en lo cual son colaboradores eficaces los miembros de este gobierno que encabezan la lista de denunciados por genocidio ante la Corte Penal Internacional.

Si los congresistas que la aprobaron hubieran leído los informes médicos que les presentaron, no se habrían hecho cómplices de esta organización criminal.