Constitución y corrupción

Constitución y corrupción

El ser humano no nace puro e inocente como suponía Rousseau ni es un ser pernicioso que necesita ser oprimido como postulaba Hobbes; es parte de nuestra condición humana la piedad y la crueldad, la virtud y la vileza. Por eso, en los vestigios de las civilizaciones antiguas se han recogido expresiones de rechazo a la corrupción. Los griegos inventaron el examen de idoneidad, “dokimasia”, en el proceso de selección de un cargo público, así como el “euthyna” que fue la revisión de sus cuentas a cargo de 10 funcionarios al final del nombramiento; ellos, que toleraban las dádivas mientras no perjudicara los intereses de la comunidad, tenían leyes rigurosas contra la corrupción de funcionarios; al igual que en Roma, esas normas fueron superadas continuamente por personas inescrupulosas, por lo que se puede afirmar que la corrupción fue un grave problema en la Antigüedad.

El Preámbulo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por el Estado peruano el 4 de abril de 1997, señala que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos (…) la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

No es casualidad entonces que en las sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los expedientes 00019-2005-PI/TC, 0006-2006-CC/TC, 0009-2007-PI/TC, 00010-2017-PI/TC, y 00016-2019-PI/TC, como también la Corte Interamericana en el Caso Ramírez Escobar vs. Guatemala, hayan resuelto que la corrupción “afecta no solo los derechos individuales de las personas, sino también resquebraja la confianza de la población en las autoridades, afectando con el tiempo la democracia y el Estado de derecho”. Por eso, se afirma que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional, no enunciado taxativamente en el texto de la Carta de 1993, sino desarrollado a partir de su artículo 44 por la jurisprudencia, uniforme y pacífica, del máximo intérprete y defensor de la propia Constitución.

Como existe una íntima relación entre los principios constitucionales y la finalidad misma de la Constitución, puede afirmarse sin temor que una regla no puede impedir la realización de esos principios. Es ya conocido que cualquier interpretación constitucional considera a la Carta como una unidad coherente y sistemática; cualquier precepto aparentemente disonante merece que el intérprete le adjudique un nuevo contenido normativo, salvando así, no solo la armonía constitucional, sino también la democracia amenazada por ladrones, piratas y aventureros del siglo XXI.

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