En medio de la crisis política generada tras la vacancia de Martín Vizcarra y la posterior caída del gobierno de Manuel Merino, han surgido voces que reclaman una nueva Constitución que reemplace la actual. Las protestas de hace dos semanas han sido vistas por la izquierda como el escenario propicio para, por fin, lograr deshacerse de la constitución “neoliberal” del 93 y las han aprovechado como plataforma para, imitando a Chile, pedir una asamblea constituyente.

De hecho, ya hay un proyecto de ley presentado por UPP que propone consultar al electorado si quiere una constituyente en la segunda vuelta de las próximas elecciones, proyecto que responde al pedido de una “segunda urna” hecho por Verónika Mendoza. Sin embargo, es necesario advertir los riesgos y los puntos problemáticos de esta propuesta.

Primero, y esto es reconocido en el mismo proyecto, no queda claro si este tipo de consulta plebiscitaria encaja en nuestro marco constitucional actual. Si bien el presidente de la República, los congresistas y la ciudadanía pueden proponer reformas, éstas siempre deben ser debatidas y aprobadas por el Congreso para, posteriormente, ser sometidas a referéndum.

Es decir, nuestro texto constitucional sólo contempla la posibilidad de que se someta a consulta una propuesta concreta previamente aprobada por el Congreso. Una cosa es que la ciudadanía le diga “sí” o “no” a una modificación que ya tiene contenido y otra muy distinta es decirle “sí” o “no” a una pregunta sin que exista ninguna propuesta concreta de por medio. Hacer lo segundo trae consigo las desviaciones propias de una democracia plebiscitaria, dejándonos sin mayores escudos frente a la amenaza populista tan predominante en nuestra región.

Por otro lado, la Constitución es muy clara en señalar que realizar cualquier reforma constitucional, ya sea total o parcial, le corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República. Entonces, si en primera vuelta vamos a elegir a un Congreso plenamente capaz de reformar la Constitución, ¿cuál es el sentido de conformar después un órgano paralelo con esas mismas funciones? Hacerlo no solo distorsionaría la primera expresión de la voluntad popular que eligió al Congreso, sino que esconde la intención de “bypassearlo” y suplantarlo.

Es por ello que el camino correcto para llevar a cabo reformas es a través de la modificación -no derogación- de la Constitución usando los mecanismos que ella misma contempla. La carta magna ya ha sido modificada múltiples veces y no hay nada que nos impida seguir haciéndole mejoras, con lo cual no existe ninguna justificación real para querer hacer este borrón y cuenta nueva de altísimo riesgo.

Lo único que existe son las justificaciones meramente ideológicas de la izquierda, que ve en la Constitución del 93 el símbolo de la derrota de su proyecto político, aquel plasmado en la Constitución del 79 y que nos llevó al colapso social y económico de fines de los 80. Ellos apuestan no sólo por eliminar ese símbolo, sino por reimplantar su proyecto, ese modelo estatista que tanto atraso y pobreza le trajo al país.