Contra la plaga de los movimientos regionales

Contra la plaga de los movimientos regionales

Ha hecho muy bien el Congreso de la República al aprobar, en primera votación, una reforma constitucional mediante la cual se eliminarán los movimientos regionales obligándolos a participar en las elecciones a través de partidos nacionales.
De un plumazo se eliminan 84 movimientos ya inscritos y 23 en trámite, lo cual es muy beneficioso porque mayoritariamente se trata de agrupaciones chauvinistas, oportunistas sin ideología, con ausencia de programas de gobierno viables y sin planes con un alcance mayor al estrictamente provinciano.
Es cierto que se establecen limitaciones al derecho de asociación, pero resulta el precio inevitable para impedir que siga el proceso de balcanización y prostitución de la política.
Históricamente el caso ha sido complejo. En el siglo XIX la naciente República tuvo graves problemas para organizarse territorialmente. El caudillismo militarista nos condujo a catorce guerras civiles y, si bien algunos alzamientos provinieron del sur, el control político se centralizó en Lima. En el siglo XX, tras las experiencias frustradas de la República Aristocrática y el civilismo, por fin se afianzaron el socialismo mariateguista, el APRA (que ahora cumple 100 años) y con posterioridad Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (desprendido del la nefasta DC).
La lucha política tuvo relativo éxito y alcance nacional en el enfrentamiento con los regímenes golpistas; pero la quiebra irremediable ocurrió a partir de 1968. El nefasto gobierno socializante de Velasco Alvarado atentó contras las estructuras partidarias democráticas; en la Constituyente de 1978 sólo el APRA y el PPC actuaron con responsabilidad histórica mientras la izquierda marxista se canibalizaba. En la década de 1980 el fracaso rotundo del acciopopulismo, seguido por la hiperinflación del primer régimen aprista y el estallido genocida del terrorismo desprestigiaron al sistema partidario. En 1990 el fujimorismo le dio el puntillazo mortal al combatir la mal llamada “partidocracia tradicional”.
El autoritarismo congeló la vida partidaria hasta el 2000, cuando Toledo protagonizó un movimiento aluvional al que se sumaron los movimientos y frentes regionales, aprovechando un proceso de descentralización y regionalización pésimamente concebido y ejecutado.
Desde entonces, con 25 regiones montadas sobre 24 departamentos y una provincia constitucional tenemos un sistema de caudillismo y feudalismo interno que impide un sano gobierno nacional y que tolera el oportunismo de los representantes del crimen organizado (especialmente minería informal y narcotráfico) que se infiltra en “movimientos” corruptos, burocráticos y secesionistas. Una República insular es inmanejable, por eso y más bienvenida la reforma en curso.

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