A pesar de que en nuestro país, la energía liberada por un nuevo terremoto político hace olvidar la magnitud del sismo que acababa de sacudir a la Nación, no cabe duda que los peruanos vivimos deambulando entre los escombros que produce, casi a diario, nuestra clase política. Eso podría ocurrir con algunos informes de la Contraloría, hoy nublados por nuevos remezones.

En agosto de 2020, la Contraloría General de la República (CGR), presentó un trabajo el cual arribaba a la conclusión que, debido a la corrupción e inconducta funcional, se produjo un daño para el país por 23,297’036,682 soles en 2019.

En julio de 2021, el Contralor Nelson Shack anunció que, a pesar de la masiva presencia de auditores y monitores ciudadanos haciendo control concurrente a escala nacional, en 2020, las pérdidas habrían alcanzado los 22,059 millones de soles.

En julio de 2022, acompañado de gráficos, diapositivas y fórmulas, el señor Shack nos informó que en 2021, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública, ocasionaron un perjuicio económico estimado en 24,262’964,827 soles.

En 2023, se notifica al país que en 2022, la corrupción habría generado una afectación estimada en 24,419 millones de soles. Recientemente, en 2024, el Contralor informó que durante 2023 la corrupción e inconducta funcional habrían escalado a un valor aproximado de 24,268 millones de soles, casi la misma cantidad que en 2022 y 2021.

Luego de este último anuncio, el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que la Contraloría mantiene 1,600 millones de soles en cuentas bancarias, y que las instituciones tienen que actuar en consecuencia con las necesidades del país, así como que esos fondos podrían servir para construir 100 postas médicas, 60 hospitales o cerrar la brecha de infraestructura en algunas regiones. La Contraloría rechazó tales imputaciones del PCM, al considerar que desinformaba sobre las tareas de la entidad, y que en 2023 lo desembolsado por el Estado para asesoramientos y consultorías, fue alrededor de 6 mil millones de soles. El contralor alertó, que el dinero necesario para sacar de la pobreza a los peruanos es de 10 a 11 mil millones de soles; es decir, lo que gasta el Estado en consultorías en dos años.

Lo cierto es que este fuego cruzado entre la PCM y Contraloría genera más dudas que certezas, aunque confirma que la corrupción no detiene su voraz avance en los diversos niveles del Estado. En primer lugar, resulta improbable que cada año se alcancen cifras similares de afectación al erario nacional como asegura el Contralor. Los corruptos no son tan disciplinados y es más probable que el método de cálculo de la CGR sea poco riguroso, como ocurre en diferentes instituciones nacionales y mundiales que reiteran estadísticas poco fiables.
Además, le sirve de poco al señor Shack, casi con 7 años en el cargo gozando de una privilegiada remuneración con bono de 75 mil soles incluido, repetir prácticamente la misma cifra año a año. ¿Quiere decir que la CGR con más de 780 millones de soles anuales de presupuesto solo es una improductiva espectadora pasiva del delito? Obviamente, su gestión concluirá sin la menor trascendencia en julio de 2024.

Finalmente, un Estado que tiene en su planilla a un millón y medio de empleados públicos, ¿necesita gastar 6 mil millones de soles anualmente en consultores y asesores?, ¿no puede hacer estudios, evaluación de expedientes, proyectos de normas, etc., con su frondoso plantel de funcionarios?, ¿no sería mejor erradicar la pobreza?.
Tenemos que hacer algo efectivo, no solo recalcar que nos roban.

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