La Contraloría General de la República es una entidad pública autónoma, siendo el órgano superior del “Sistema Nacional de Control” que tiene por función la supervisión “… de la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”, para lo cual cuenta con ley orgánica, siendo su máxima autoridad el Contralor General de la República, quien es nombrado por el Congreso por siete años, a propuesta del Poder Ejecutivo.
El nuevo Contralor General de la República ha iniciado su labor con buen pie, al dar a conocer los resultados del “Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024”, que en buena cuenta es un diagnóstico expresado en cifras de lo encontrado.
El diagnóstico es preocupante, pues al evaluar el desempeño de 2928 entidades públicas a nivel nacional, 321 de ellas registran puntajes altos y altísimos de riesgos de corrupción e inconducta funcional.
Las de mayor preocupación son EsSalud, la Municipalidad Provincial de Huamanga, la de Huánuco y la de Mariscal Nieto (Moquegua). También se encuentran los sectores de Educación, Salud, Defensa, Interior y Transportes. Respecto a gobiernos regionales, los más problemáticos son Junín (recuérdese al prófugo Cerrón), Arequipa, Huancavelica, Áncash y Loreto.
En nuestra capital de la República, no se quedan atrás los municipios de Lima, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Ate y Comas. Por lo demás, hay infinidad de funcionarios públicos con observaciones de la Contraloría, diversidad de recomendaciones no cumplidas y, lo que es peor, diversas modalidades para darle la vuelta e incumplir la Ley de Contrataciones del Estado, dejando de lado la legítima competencia entre postores.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que “111 mil (56%) proyectos públicos por S/ 234,519 millones de inversión no han ejecutado recursos en los últimos dos o más años, a pesar de que iniciaron en algún momento su ejecución financiera”.
El informe al que nos referimos sigue dando guarismos, cada uno más terrorífico que el anterior, lo que significa, a nuestro juicio, que el control concurrente que hace un tiempo impuso la Contraloría no ha dado los resultados deseados y que sigue la institución de control sin hacer la labor preventiva que la ley señala. Si hay obras interrumpidas, es porque, pudiendo haber llamado la Contraloría a conciliar entre la entidad pública promotora del proyecto y el contratista, no lo ha hecho, con lo cual se interrumpe la ejecución de las obras y su reinicio es más costoso porque los gastos administrativos siguieron acumulándose y hay que invertir para proteger el material y los equipos en cancha para evitar su deterioro.
Todo lo que indica el informe en cuestión induce a pensar que “Alí Babá y los cuarenta ladrones” de que trata “Las mil y una noches” se han multiplicado exponencialmente y se han trasladado a las reparticiones públicas peruanas, y que uno de los lastres más significativos contra los que hay que luchar es la corrupción casi generalizada en nuestro Perú.
Esperemos que, después de que la Contraloría informó a la ciudadanía sobre lo encontrado, proyecte las acciones debidas para superar la situación, sobre todo con actividades preventivas que impidan el dispendio del erario público, el cual está constituido por los impuestos que pagamos estoicamente los contribuyentes.
Invocamos a que en la Contraloría se cambie el “chip” de la queja y la sanción por el de la prevención, por supuesto, sin pasar por agua tibia a los corruptos.

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