Exhibiendo su conducta despótica; es más, apelando a la desinformación tramposa de los medios de comunicación vendidos al autócrata Vizcarra –El Comercio por delante– los progre-marxistas acaban de sellar el control del poder Judicial y el Ministerio Público, utilizando a un amoldable Vizcarra para ejecutar el plan de gobierno diseñado por la élite zurda. La cruzada de demolición mediática emprendida contra el poder Legislativo –alegando una “insoportable oposición obstruccionista”– rindió dividendos. Vizcarra logró clausurar el Congreso. Medida aplaudida por un pueblo confundido ante la letal desinformatzia que practica la izquierda, siguiendo los dictados de sus padres fundadores Stalin y Lenin. Producido el golpe de Estado, Vizcarra quedaba sólo en el poder, como el mascarón de proa de los progre-marxistas (jamás elegidos por el pueblo) que, desde hace dos décadas, administran el Estado a base de extorsionar a presidentes peleles como Toledo, Humala, PPK, Vizcarra.

Hoy, amigo lector, Vizcarra dirige su vida y hacienda de manera absolutista. Repasemos. Si bien tras su golpe convocó a elecciones legislativas, hoy tiene poderes omnímodos pues el Parlamento que resultó elegido está compuesto por neófitos en legislar, amateurs para controlar, e incapaces de ponerse de acuerdo oponiéndose mayoritariamente a la prepotencia de la autocracia vizcarrista. Sin embargo, continuaba pendiente el tercer palo de la mesa: el poder Judicial. Si bien la progresía roja ya se había apropiado de la Fiscalía de la Nación, quedaban las cortes de Justicia. Pero hace año y poco, los progre-marxistas fraguaron un culebrón denominado “cuellos blancos”. Aquello les permitió deponer al entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y colocar en ese puesto a una fiscal incondicional llamada Zoraida Ávalos. Faltaba dominar el palacio de Justicia.

Entonces demolieron a Duberlí Rodríguez -presidente de la corte Suprema y, a su vez, del poder Judicial- juez sin tacha que jamás se allanaría al dictado del Ejecutivo. Por ello fue sometido a una miserable campaña mediática liderada por los esbirros de El Comercio, quienes lo pusieron contra las cuerdas hasta hacerlo renunciar. Vencido este escollo, la progresía-marxista escaló a la siguiente etapa: reinventar al Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, órgano a cargo de designar y remover a los jueces y fiscales del país. El CNM fue demolido apelando al culebrón “cuellos blancos”. Lo sustituyó una Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta se diferenciaría exclusivamente del CNM porque este último nunca estuvo dominado por los progre-marxistas; mientras ahora éstos ya han conseguido copar la JNJ. De esta manera, en adelante la izquierda criolla nombrará, tanto como defenestrará, a los jueces y fiscales que le convenga. Con lo cual se ha cerrado el círculo del poder totalitario –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– en manos de los progre-marxistas.

La JNJ, infestada de humalistas, se apresta a remover a los fiscales y magistrados que no abrigan la ideología progre-marxista. Ejemplo, el fiscal supremo Pedro Chávarry y el vocal supremo Ángel Romero.
Entre tanto, Odebrecht y sus consorciadas locales quedarán impunes y Perú acabará indemnizándolas, gracias al contubernio dinerario que han tranzado con los capazotes de la progresía marxista.