El caos social que vive el Perú es aprovechado por grupos extremistas que se filtran en las marchas ciudadanas para generar violencia y destrucción. Pero estas protestas surgen del descontento social frente al alto índice de corrupción.
Un total de cinco expresidentes del Perú están inmersos en procesos penales o investigaciones fiscales por presuntos delitos de lesa humanidad y de corrupción, incluso algunos de ellos ya cumplen prisión. Ellos son Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y recientemente Martín Vizcarra, investigado por presuntos cobros ilícitos para adjudicar obras públicas en Moquegua cuando fue gobernador de dicha región.
Con el suicidio de Alan García Pérez se extinguió la acción penal contra él, pero hay muchos funcionarios implicados en estos casos.
A raíz del escándalo mundial del caso Lava Jato, actualmente se sabe que la empresa constructora Odebrecht habría pagado sobornos (coimas) a funcionarios del gobierno para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica. Además, según las declaraciones de Jorge Barata (representante de esa empresa en el Perú), Odebrecht habría financiado las campañas electorales de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso está en marcha a cargo de un grupo especial del Ministerio Público encabezado por el fiscal José Domingo Pérez.
En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes. De acuerdo al portal Ojo Público: “En septiembre del 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su Unidad de Análisis de la Información, publicó el informe temático ‘La corrupción en los gobiernos regionales y locales’, que identificó 4.225 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, y por autoridades electas entre el 2002 y 2014”.
Esto es grave y está generando protestas. Lo estamos viendo, el descontrol social está estallando en violencia. Los violentistas toman carreteras en el norte, sur y centro, atentando contra la Policía Nacional y alterando la paz social. Urge una solución.
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.