La confirmación de que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez se reunieron clandestinamente con el entonces presidente Martín Vizcarra cuando empezaba el escándalo de los Cuellos Blancos, confirma que todo el caso fue manipulado políticamente para encubrir a algunos y perjudicar a los adversarios del Gobierno.

Esas fiscales, asesoradas por ONG y estudios de abogados, trabajando junto a la Diviac –una suerte de policía política- denunciaron la existencia de una supuesta organización criminal en el sistema judicial, argumento que fue usado para realizar una reforma que permitió que la coalición vizcarrista se hiciera con el control del mismo.

En realidad lo que existía era una red de corrupción donde magistrados y funcionarios deshonestos intercambiaban favores y recibían sobornos. Quizás la única organización criminal, como ha señalado el periodista Ricardo Uceda, era la de José Luna Gálvez, que llegó a controlar el Consejo Nacional de la Magistratura.

Esas fiscales prevaricadoras y politizadas se prestaron al juego de Vizcarra para, entre otras cosas, sacar del camino al fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry, acusándolo falsamente de ser parte de esa supuesta organización criminal.

El asunto es que Chávarry se había negado a paralizar las investigaciones que tenía pendientes Vizcarra y para este era indispensable defenestrarlo y poner a alguien como la complaciente Zoraida Ávalos, que con su inmenso rabo de paja por su irregular ingreso a la junta de fiscales supremos, era la persona ideal para prestarse al sucio juego del presidente y la coalición que lo respaldaba.

El espantoso “delito” del que se acusó a Chávarry fue el haberse reunido con el dueño de Exitosa, Higinio Capuñay, en casa del empresario Antonio Camayo. A éste se le señaló como un peligroso delincuente, aunque hasta donde se sabe, era un aprovechador que fungía de intermediario y mediador entre personajes de diversos ámbitos.

Para que esa historia tuviera consistencia, la fiscal Castro ocultó que Vizcarra también se había reunido con Camayo y lo había visitado en su casa, cosa que obviamente tenía que saber, no solo por los audios que así lo indicaban, sino porque lo interrogó.

No es casualidad, por supuesto, que Sandra Castro acusara públicamente a su jefe, el fiscal Chávarry, de ser un delincuente, liderando la sucia campaña de desprestigio que necesitaba montar el Lagarto para deshacerse de él y reemplazarlo con la servicial Zoraida Ávalos.

Ahora los que se prestaron al juego –y se beneficiaron del mismo- difundiendo la información propicia a Vizcarra y ocultando la que lo perjudicaba, tienen el desparpajo de decir que en ese momento el Lagarto era bueno y luego se volvió malo.

La verdad es que desde el primer instante todo fue una perversa utilización de uno de los varios casos de corrupción en el sistema judicial, para proteger y encubrir a uno de los más cínicos delincuentes que haya pasado por el poder en el Perú y destruir a sus adversarios.