Una fuente de resquebrajamiento económico -y finalmente de corrupción- son los subsidios. El Estado no es mecenas. Y si por alguna crisis los políticos decidiesen ayudar al pueblo, al único recurso al que deben acudir es al que beneficie únicamente al pueblo. No a sectores ni gremios específicos. Inclusive, principistamente todo subsidio es, a fin de cuentas, un déficit cuya factura acaba sufragándolo el pueblo.

Veamos un ejemplo. El precio que paga el ciudadano por el combustible en el Perú es de los más altos del planeta. En ese caso, no sólo no existe subsidio para aliviar los efectos de una distorsión que afecta, fundamentalmente, a los más pobres; es decir a quienes no tienen recursos para pagar un costo de vida ficticiamente elevado porque la petrolera estatal decidió imponerle al pueblo un improcedente mecanismo de exacción. Concretamente a su bolsillo, amable lector. ¿El objeto? Financiar la Refinería Talara.

Una obra innecesaria que destaca en ese universo de proyectos corruptos que abruma al Perú. Ya viene costándonos US$6,000 millones, de los cuales más de la mitad no responden a un proyecto de esta naturaleza sino a malversaciones criminales de sus ejecutores. Recordemos que esta obra envenenada la decretó el acusado por corrupto Humala, siguiendo la trayectoria de los gobernantes de izquierda. Y electoralmente, Humala fue quien permitió que Kuczynski accediera a la presidencia prohibiendo que voten los militares y los policías. En pago, Kuczynski no sólo no cuestionó, sino que siguió adelante con este proyecto. Igual hicieron sus sucedáneos Vizcarra/Sagasti.

Ahora, repetimos, Petroperú le roba millones de soles diarios al ciudadano a través del sideral precio de todos los combustibles que produce. Y la sociedad -sobre todo la gente menesterosa- tiene que pagarlo a través de la luz que consume, la comida que necesita, el transporte que usa, etc. Sin embargo, el Estado -es decir los gobiernos que han pasado sin cuestionar este monumental asalto al país- no se ha sensibilizado por lo que le ocurre a la población indigente, otorgándole un subsidio a los más necesitados. La razón es sencilla. Los pobres no tienen influencia directa en el escenario político, ese parnaso de donde se alimentan sádicamente quienes están en el poder.

No obstante, el mismo Estado y los mismos gobernantes SÍ son muy libertinos ante otros sectores “afectados”. Como los participantes de esa mal llamada industria del cine peruano. La explicación es obvia. Ellos sí forman parte de un clan activista que funciona como operador político, Y harán campaña, a favor o en contra del gobierno de turno, si este subsidia o no a “su industria”. Como es sabido, este grupo produce fundamentalmente films de tercera, con alto contenido ideológico. De izquierda, desde luego. En consecuencia, sus películas le interesan un caracol al público. Por tanto, no reciben la “retribución” que exigen por ellas. Y para reemplazar al sistema que detestan -la economía de mercado- chantajean al gobierno de turno influyendo en su contra a través de los medios. ¿Resultado? Los peruanos subsidiamos millonariamente a una inexistente “industria” y chantajista.