La razón de ser del Ministerio Público está escrita en piedra. Consiste en “prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad (la ley), velar por los derechos del ciudadano y los intereses públicos tutelados por la ley; representar a la sociedad, al menor y la familia en juicio; velar por una recta y efectiva administración de justicia”. La segunda acepción es determinante para enfocar este comentario. El Ministerio Público, en rigor la Fiscalía de la Nación, antes que nada debe defender la ley. Vale decir, la legítimidad que es “todo lo que ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho”.
Apliquemos lo anterior a la coyuntura que afecta al Jurado Nacional de Elecciones JNE, tras el alejamiento del delegado del Ministerio Público, don Luis Carlos Arce Córdova, fiscal supremo en ejercicio. En demoledora carta dirigida a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, el delegado de la fiscalía denuncia que “con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales”, ha decidido “defender la legalidad”, en medio de un proceso electoral en el cual pudiese llegar a definirse nada menos que si el Perú ingresa -o no- a la órbita comunista mundial. Justifica así su posición: “Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del Sr. Salas Arenas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de la nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos.” En otro acápite habla de Zoraida Ávalos, cabeza del Ministerio Público, su alma mater. Dice: “Tampoco es fortuito que la fiscal de la Nación omita sus funciones de persecutora de los delitos electorales que públicamente se vienen denunciando en el presente proceso electoral.”
Como representante del Ministerio Público frente al JNE, el fiscal Arce Córdova pone los puntos sobre las íes en su condición de “defensor de la legalidad, de los derechos del ciudadano y de los intereses públicos tulelados por la ley”. Al respecto, denuncia que hoy existe “una parte de la ciudadanía que aún guarda esperanzas de concretar su Derecho Fundamental a conocer la Verdad y tener electo un gobierno limpia y transparentemente”. Pero, “Contra esa voluntad del pueblo, existen ya decisiones adoptadas que impedirían el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral (…). Los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados. Las marchas que reclaman el derecho a la Verdad no serán escuchadas. Todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás.”
Gravísima imputación del delegado de la Fiscalía, “defensor de la ley”, contra quienes sindica como cómplices de un fraude “consumado mucho tiempo atrás”, considerado que el JNE opera con cuatro de sus cinco miembros y su presidente, comunista, ejerce doble voto.
Motivo más que suficiente para declarar fraudulento el corriente proceso electoral, y convocar inmediatamente uno nuevo.

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