La organización criminal internacional que busca reducir la población mundial y lo declara públicamente, continúa cometiendo los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con la diligente dirección de la OMS, que ahora ha “ordenado” a los gobiernos someter a sus naciones a un “pasaporte verde” que acredite la doble “vacunación” con sustancias experimentales en fase III, que constituye un experimento genocida de transmutación genética.

Lo más irracional es que los gobiernos asumen el falso discurso de los laboratorios y de la propia OMS de que: “Tales vacunas no impiden contraer el covid, ni tampoco el contagio, pero evitarán los casos graves y fallecimientos”, en tanto los vacunados con la doble dosis son los que están llenando los hospitales con trombosis, derrames cerebrales, daños neurológicos irreversibles, miocarditis e infartos, que diagnostican como covid, y están muriendo por miles, mientras los no vacunados han logrado en su mayoría inmunidad natural.

La imposición del pasaporte verde que acredite que el portador se ha vacunado cuando menos dos veces, porque vienen más, para que pueda entrar a lugares públicos, además de inconstitucional por vulnerar los derechos constitucionales a la libertad individual, a la autodeterminación de la medicación y procedimientos médicos o quirúrgicos, a la libertad de tránsito, a la no discriminación por ningún concepto, y al ejercicio de los demás derechos civiles, que consagra la Constitución del Perú y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, constituye delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad, delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, discriminación, y coacción, que están cometiendo el ministro de Salud, su viceministro, y demás ministros por no objetar esta medida conforme el artículo 128 de la Constitución, por:

1. Obligar a hacer lo que la ley no manda, transgrediendo Tratados internacionales, la Constitución y la ley 31091, que establece que esta vacuna es voluntaria.

2. Someter a sufrimiento extremo a las personas que decidan no vacunarse con grave vulneración de su integridad y derechos civiles.

3. Obligar a los ciudadanos a una vacunación genética experimental con graves efectos secundarios, entre ellos: la muerte.
Denunciar ante la Corte Penal Internacional a los autores de este genocidio y crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma, quienes merecen cadena perpetua, es un deber sagrado, se trata de la vida y libertad de nuestro pueblo y de la integridad de nuestra Patria.

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