Crisis económica y Estado de derecho en el Perú

Crisis económica y Estado de derecho en el Perú

En el Perú el gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo Terrones no disfrutó de la llamada “luna de miel”, que describe la calma y aclimatación entre los poderes elegidos del Estado durante un periodo de tiempo. Por el contrario, su mandato cuenta con decisiones políticas arriesgadas, improvisación, hermetismo y el nombramiento de un polémico gabinete ministerial. Debemos considerar que el sábado 28 de agosto, fiscales y policías allanaron las oficinas de la organización gobernante Perú Libre (PL) dentro del marco de una investigación sobre el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos por la campaña electoral de las Elecciones generales 2021. Este mismo día Pedro Castillo cumplió un mes en el poder en medio de múltiples crisis. En el mes de agosto los precios al consumidor en el Perú subió 1,06 % debido al incremento de precios en todos los grandes grupos de consumo, principalmente alojamiento, agua, electricidad y gas, mientras que la inflación acumulada ascendió a 4,53 %, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este ascenso vertiginoso se debió a la crisis de la segunda vuelta electoral y la asunción de Pedro Castillo como presidente del país. Mientras tanto la balanza comercial acumulada en doce meses acumuló hasta julio pasado un superávit de 12, 517 millones de dólares (https://tinyurl.com/45se2v96), el nivel más alto desde que se tiene registro en el país hasta el momento, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). También debemos señalar que los grupos parlamentarios Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País presentaron un documento sobre la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte, para que responda por los atestados policiales que lo vinculan con acciones del movimiento subversivo Sendero Luminoso en la región de Ayacucho. Según el organismo sobre derechos humanos Waynakuna Perú la demanda tiene sustento en los atestados policiales: “N° 12-SE-JDp del 3 de agosto de 1981 y N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982”, donde Maraví está involucrado. Maraví Olarte es mencionado en los documentos en condición de “no habido” en relación a ataques en los que participaron terroristas como Edith Lagos, Hildebrando Pérez Huarancca y Arturo Morote. Además en el reporte financiero de la organización gobernante Perú Libre aparece Salatiel Marrufo Alcántara, investigado por el delito de organización criminal y lavado de activos y actual jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Fortalezcamos el estado de derecho y la economía social de mercado.

(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro. 

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