Cuando la Constitución no tiene la culpa

Cuando la Constitución no tiene la culpa

Las demandas de nueva Constitución para arreglar todos los problemas nacionales no pueden ser más erróneas como en momentos en que se hace patente que la Constitución no tiene la culpa.

Y no sólo no tiene la culpa de las tragedias nacionales, más vinculadas con la corrupción que con el sistema legislativo, sino que las imposibilidades de hacer cambios en la gestión gubernamental tampoco están sujetas a la denostada Constitución del 93.

Que esta Constitución no permite la actividad económica del Estado, que no permite modificar los contratos ley, y que por esta Constitución inefable existen monopolios que no permiten el desarrollo del país, son falacias, fácilmente demostrables por su propio texto.

En el artículo 60 de la Constitución se establece que el Estado puede realizar actividad empresarial, siempre que lo autorice una ley; no he visto ningún proyecto de ley desde 1993 que haya solicitado al Congreso la aprobación de una actividad empresarial del Estado.

El artículo 61 de la Constitución prohíbe los monopolios y responsabiliza al Estado de combatirlos, desde 1993 ningún gobierno se ha preocupado de hacerlo, todo lo contrario, los han encubierto haciéndose de la vista gorda.

En el artículo 62 de la Constitución se han aprobado los contratos-ley por los cuales el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades, pero eso no significa que sean intocables, porque a continuación el mismo párrafo admite la solución de conflictos derivados de estos contratos por las vías arbitral o judicial según los términos del contrato o contemplados en la ley.

Esto quiere decir que ante un fraude manifiesto por contratos ley que lesionan los intereses nacionales, se pueda recurrir a las acciones penales y civiles correspondientes en el marco de la legislación peruana. Lo que no ha hecho ningún gobierno con el cuento de que los contratos ley son intocables y que la Constitución tiene la culpa.

Entre gritos y pancartas ayer vimos una protesta social legítima en un gran sector de los participantes, otros movidos por razones políticas, pero trascendió el reclamo de una nueva Constitución para resolver los monopolios, los contratos ley y la atadura de manos del Gobierno, lo que obedece a la desinformación ciudadana sobre los alcances de la Constitución, que requiere cambios, pero sin los peligros de la subyugación al gobierno mundial.

Ninguna Constitución por perfecta que sea podrá resolver la condición moral de una nación ni de su liderazgo político en el gobierno.

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