El proceso de descentralización iniciado por Toledo, y que se ha ido implementando de a pocos a lo largo de las últimas dos décadas, parece haber colapsado. Durante el tiempo que viene funcionando, ha traído gran cantidad de corrupción, distinguible por los innumerables gobernadores regionales que han terminado presos.

Sin embargo, el proceso, desde una perspectiva teórica, siempre fue considerado trunco, debido a que, si bien se les entregó autonomía política y administrativa a los gobiernos regionales, no fue lo mismo con la autonomía fiscal, lo que les ha impedido tener completa libertad económica. A pesar de lo cual, según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, muchos gobiernos regionales cuentan con grandes presupuestos anuales, incluso llegando a superar por 41 veces lo presupuestado para Lima Metropolitana, que cuenta con un aproximado de 76 millones de soles para este 2023.

Curiosamente, a pesar de lo que muchos piensan, Lima Metropolitana tiene el presupuesto más bajo entre los gobiernos regionales. Es cierto que no es un gobierno regional propiamente, sin embargo, por ley, cumple funciones de uno. Algo que no había sido puesto en práctica, pues por años, los alcaldes de Lima han rehuido el encargarse de la salud y la educación. Recién, el actual alcalde de Lima ha dicho que solicitará que se le otorgue competencias relacionadas a estas materias.

Por su parte, el gobierno regional de Piura, para este 2023 ha presupuestado un aproximado de tres mil millones de soles, siendo el gobierno regional que más dinero tiene, entre recursos ordinarios, directamente recaudados, crédito, donaciones y transferencias, y recursos determinados.

Valdría la pena mencionar que el gobierno regional de Cajamarca supera los dos mil ochocientos millones de soles, Cusco dos mil setecientos millones, Puno dos mil quinientos millones, Ayacucho mil setecientos millones, Apurímac mil doscientos millones y la lista continúa, siendo Madre de Dios la que cuenta con menos recursos luego de Lima Metropolitana, monto que asciende a cuatrocientos cuarenta y siete millones de soles.

A pesar de esta realidad presupuestal, resulta lamentable que el desarrollo del Perú no haya sido integral. En la mayoría de los departamentos, los problemas que debieron solucionarse años atrás se han mantenido.

La circunstancia de crisis política que hoy enfrenta el Perú y que es consecuencia del golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre, no solo fue alimentada por los discursos de odio propalados por el gobierno de Castillo, que parecía buscar orillar al Perú a una guerra civil, sino que la falta de presencia del Estado a lo largo de los años, principalmente en las zonas más vulnerables, resulta fácil de instrumentalizar.

A pesar de la gran cantidad de recursos que reciben algunos departamentos, sus gobiernos regionales no han funcionado eficientemente, salvo excepciones y básicamente en temas específicos, como la educación en Tacna y Moquegua, que aplicaron robótica educativa para elevar los estándares. El Estado, a pesar del proceso de descentralización iniciado hace ya más de 20 años, en la gran mayoría de los casos no ha sido capaz de cumplir las expectativas mínimas de los sectores más vulnerables de la población.

Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, ciudadanos peruanos sigan muriendo por las heladas en algunas partes de la sierra sur, que las actividades ilegales pululen por doquier, que los servicios básicos no lleguen a todos, que haya ciudadanos que no logren conseguir qué comer, que la delincuencia común se encuentre desbordada, que la pobreza en el país bordee el 30%, y tantas otras cosas.

La descentralización, que debió acercar el Estado a la población, solo ha funcionado a medias y, al verse teñida por el cáncer de la corrupción, que es el mayor problema que enfrentamos como Estado, no solo genera que se ahonden las brechas que el Estado en teoría busca reducir (aunque siempre existirán en cualquier sociedad), sino que, además, ponen en riesgo la estabilidad administrativa del Estado.

Parece inevitable que estos errores del sistema se vean, a mediano plazo, reflejados en decisiones políticas para replantear la descentralización, en la búsqueda de limitar las posibilidades de corrupción y asegurar que los gobiernos regionales se conviertan en entidades públicas eficientes, que realmente cumplan su rol de Estado.