Si resultan ciertos la información, acta fiscal de levantamiento de cadáver, pericias y parecer del grupo de congresistas constituido a la Morgue del Callao, es un hecho (que deberá ser corroborado con la respectiva prueba de ADN) que murió el criminal más feroz y múltiple del siglo XX en el Perú, el terrorista Abimael Guzmán Reinoso, cabecilla de Sendero Luminoso y guía de criminales terroristas aún vivos y muchos de ellos en libertad y actualmente hasta en altos cargos públicos.

Mi fe católica y la certeza de que Dios es justicia y nadie más que él decidirá la condena o salvación eterna de cada ser humano, no me impide (porque además no soy hipócrita y digo lo que pienso), saludar, aplaudir que deje de existir un convicto, confeso y nunca arrepentido criminal terrorista, porque con esa muerte cesa también el riesgo de que obtenga libertad -por negligencia de sus carceleros o maldad de sus cómplices- y vuelva a poner en riesgo a toda la sociedad.

El terrorismo, por definición, es un crimen abominable pues intencionalmente agrede a personas inocentes mediante actos brutales que buscan amedrentar, paralizar a toda la sociedad y permitirle al grupúsculo terrorista conseguir sus objetivos. Es todo lo contrario al respeto debido al prójimo. No hay nada que lo justifique, menos aún el argumento al que recurren quienes son sus adeptos, como el de que hay violencia porque hay diferencias de clase o injusticia social.

Ha surgido como tema de discusión qué hacer con los restos de ese terrorista muerto. Más allá del respeto debido no a la bestia que dejó de tener vida, sino a la dignidad humana que esa bestia traicionó y humilló a cada segundo de su existencia, no sería admisible que esos restos fueran objeto de violencia y desprecio similar al que los terroristas dispensaron y dispensarían a otros.

Esa superioridad moral que la sociedad civilizada y sujeta a Derecho debe demostrar, en modo alguno significa, sin embargo, la torpeza de permitir que los despojos del cabecilla terrorista sean usados para actos de apología al terrorismo ni de exaltación al criminal y sus crímenes.

El Estado (que comprende sus instituciones, autoridades que ejercen poder y los habitantes del país) tiene el deber y el derecho de protegerse a sí mismo y a sus componentes preservándolos de toda amenaza contra su seguridad, tal como prevé el artículo 44° de nuestra Constitución.

Corresponde entonces al Estado disponer de los restos del terrorista Guzmán, cremarlos y desaparecer sus cenizas lejos del pueblo al que tanto dañó.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a nuestra versión digital AQUÍ.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.