El presidente Sagasti informó que, ante el evidente crecimiento de pacientes y muertes vinculados a la pandemia, resultaba necesario adoptar medidas inmediatas de manera focalizada y que implicarían endurecer nuevamente la política de inmovilización de la población.

El mensaje daba a entender que las actividades económicas (en su totalidad) quedarían prácticamente paralizadas, por lo menos por un período inicial de 15 días comenzando a computarse a partir del 31 de enero de este año, en lo que se refiere a Lima (departamento y provincias) así como en otras localidades de nuestro país, a las que se les categorizó como nivel de alerta extremo.

Lo cierto es que la supuesta cuarentena total, si bien restringe parte importante de las actividades económicas, no genera un cierre total como el que lamentablemente sufrimos (sin frutos) durante el segundo trimestre del año pasado.

En efecto, mediante D. 008-201-PCM publicado al día siguiente del mensaje presidencial, quedó meridianamente aclarado que la restricción solo se encuentra vinculada a aquellas actividades expresamente señaladas en dicha norma y que estas son justamente  las que evidencian mayor grado de conglomeración de gente (centros comerciales, restaurantes, etc) así como aquellas referidas propiamente a actividades de ocio y recreación (gimnasio, casinos, clubes, etc).

En tal sentido, toda actividad ajena a este listado seguirá operando bajo las mismas condiciones de aforo y otras políticas sanitarias dispuestas en las diversas fases en que dichas actividades fueron reactivadas. En otras palabras, al menos durante los próximos 15 días, no habrá un paro total manteniéndose plenamente y activa gran parte del sector productivo del país (actividades extractivas, inmobiliarias, constructivas y de servicio entre otras), para bien de nuestro país.

Rafael Torres Morales-Socio Principal y Jefe del Área Corporativa de Torres y Torres Lara Abogados