Constitucionalmente, el Estado peruano está representado por tres poderes; cada cual con plena independencia. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De modo que toda medida que tenga que ver con la representatividad de la sociedad reposa, exclusivamente, en alguno de estos tres poderes estatales. No existen más alternativas.
De otra parte, la coyuntura más dramática –consecuentemente importante- que tiene por delante una ciudadanía es la elección de sus autoridades. Porque de ella depende todo lo demás. En el Perú, sin embargo, para dirimir toda controversia alrededor de un proceso de elecciones generales –donde se escoge a presidente y a congresistas; o sea, las más altas autoridades de la patria- el pueblo únicamente puede acudir a un Jurado electoral designado a dedo por un organismo sin garantía de imparcialidad, de moralidad, ni menos idoneidad, denominado Junta Nacional de Justicia. Por lo demás, hablamos de una entidad hijastra del golpe de Estado perpetrado por el miserable Vizcarra. Lo cual, desde cualquier perspectiva constitucional, carece de las necesarias garantías para cautelar los intereses de nuestra sociedad. Sobre todo, insistimos, porque esta “Junta de Justicia” es fruto de una infracción constitucional teledirigida por un tramposo ahora investigado por corrupción, y a quien este Jurado Nacional de Elecciones, nombrado por el ente que él –Vizcarra- promoviese mediante un golpe de Estado, le permitió quebrar la ley electoral aceptando que participase en este proceso sin haber renunciado seis meses antes de la convocatoria al mismo. ¿Y este mismo “Jurado”, comprendido por cinco miembros digitados por una “Junta” parida por una quiebra constitucional, decidirá los destinos de 32 millones de peruanos durante los siguientes cinco años? ¿Le parece coherente, amable lector?
Ahí no queda todo. ¡El Jurado Nacional de Elecciones JNE está incompleto! Sólo lo integran cuatro de cinco miembros. Por si fuera poco el presidente se arroga la facultad de ejercer doble voto. Y, para más señas, ese presidente -Jorge Luis Salas Arenas- es comunista, Y fue defensor de terroristas. Coincidentemente, las mismas credenciales que exhibe el candidato de Perú Libre. Ante semejante oprobio, resulta delirante pedir al ciudadano que confíe en la probidad de quienes se arrogan la facultad de decidir su futuro, sin acreditar credenciales constitucionales, legales, morales y funcionales para brindarle la debida credibilidad a un proceso electoral, en el cual se definirá si el Perú ingresa a la órbita comunista, senderista, chavista, maoísta; o si se mantiene dentro del espacio democrático. Hay demasiado en juego, señores, para que cuatro individuos, sin las debidas garantías, decidan si el proceso electoral está viciado o no lo está; y si las reglas de este proceso, sobre todo las aplicadas en primera vuelta, se cumplieron a cabalidad. De acuerdo al entonces candidato Rafael López Aliaga, no se respetaron. Entonces, la duda existe. Y un cambio de rumbo vertebral como el que podría producir uno de los dos resultados de este balotaje, no puede ni debe estar en manos de una entidad cuestionada, cuyos pergaminos, reiteramos, nacen de un golpe de Estado.
Lo rechazamos, además, porque así surgen las dictaduras comunistas.

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