La nación está indignada. Las revelaciones de la colaboradora eficaz Karelim López confirman todo lo que ya se sabía: el Perú está gobernado por el presunto delincuente Pedro Castillo, quien no debe seguir un minuto más en la presidencia de la República.

Es verdad que jurídica y procesalmente no deberíamos precipitarnos en sacar conclusiones finales. Sin embargo, lo que se ha expuesto ante la opinión pública resulta verosímil y abrumador. Se trata de una red que se beneficia del poder político para lucrar a través de concesiones y obras públicas, en las cuales la corrupción obtiene pingües ingresos del dinero de los ciudadanos.

La red es de dimensiones todavía no precisadas. Abarca desde el partido de gobierno y miembros del Ejecutivo, hasta elementos de la fiscalía y representantes de partidos cuya complicidad en votaciones reiteradas contra el sentir democrático ahora cobran sentido.

A la cabeza de esta organización criminal aparece el jefe del Estado rodeado de un puñado de familiares, asesores en las sombras y personajes de pésima catadura moral, quienes ya habían sido denunciados en reiteradas oportunidades sin que nadie lograra ponerlos a derecho porque el gobierno de Perú Libre se impone por encima del sentido común con pretensiones de impunidad.

Frente a eso hay dos opciones básicas. La primera es apegarse al proceso de vacancia por indiscutible incapacidad moral para gobernar; pero al menos hasta el momento de redactar este comentario increíblemente no se alcanzan los 87 votos necesarios para separar a Castillo del mando.

La segunda vía es la concertación para que las fuerzas democráticas del Congreso logren un mecanismo político de destitución a partir de la convicción auténtica de que el Presidente está involucrado en acciones corruptas de índole criminal en contra de los intereses de la nación.

El debate teórico puede ser arduo. No obstante tenemos que ser muy precisos: si bien el Derecho se respeta como disciplina ordenadora de la sociedad, hay momentos en la vida de los pueblos en los que la norma positiva debe dejar el espacio a la voluntad política como arte y ciencia de lo posible.

Nadie propugna el golpismo. Vacar o destituir a Pedro Castillo Terrones es hoy una impronta democrática; es una convicción de 70% del pueblo y es una respuesta de control constitucional frente al caos y el delito descubierto. Ya ni siquiera se trata de ideologías o de posiciones partidarias, sino de salud, moral y decencia pública.

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