Luego de la fallida incursión antiminera en Ayacucho de la premier Mirtha Vásquez, donde ha tenido que retroceder en su anuncio de que el Ejecutivo no daría más ampliación de plazo al plan de cierre de cuatro minas, ha empezado a difundirse desde el Gobierno una propuesta para modificar la legislación sobre el “ordenamiento territorial” (OT), en particular del artículo 22 de la ley 30230, promulgada en julio de 2014, con el propósito de dinamizar la inversión en el país.

En el artículo mencionado, se señala que: “la Zonificación Ecológica Económica, ni el OT, ni asignan usos ni exclusiones de uso”, si esto es modificado, una decisión administrativa podría impedir el desarrollo de una actividad empresarial ya sea minera, hidrocarburífera, forestal o pesquera.

El objetivo del OT es la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, debiéndose tomarse las decisiones con fundamento técnico. El interés gubernamental en el tema data del año 2005 y se ha ido normando progresivamente. Se quiere evitar excesos en la ocupación territorial, como las que se registraban por ejemplo en el 2007 en la región Cajamarca, donde en las provincias de San Pablo, Hualgayoc y San Miguel, las concesiones mineras abarcaban el 98%, 91% y 85% respectivamente de la superficie provincial.

Tomar decisiones que conjuguen aspectos sociales, ecológicos y económicos, requiere antes que nada una visión objetiva, posición nada fácil de encontrar entre profesionales de las ciencias sociales, medioambientales y economía; en estas condiciones inevitables, el liderazgo de quien conduce es fundamental.

Actualmente las decisiones recaen en el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de OT, que reporta al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales; y de la Presidencia del Consejo de Ministros, por intermedio del Viceministerio de Gobernanza Territorial que tiene a su cargo la Secretaría de Demarcación y OT.

La idoneidad de los profesionales para gestionar estas dependencias es vital, si hay sesgos contra las industrias extractivas, las decisiones que se tomen no responden a los objetivos de interés nacional. La situación se agravaría si, como se comenta, se delega a nivel de autoridades regionales y locales.

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