Dos noticias han estremecido las cancillerías y las redacciones de los medios de difusión. Una publicada en Panamá en la que cuenta que el ciudadano turco, Muaz Turkyilmaz, fue capturado por la Interpol y puesto en manos de la Cancillería con fines de extradición a Turquía.

Y, la otra, en Argentina –vía Infobae-, en donde se tuvo a un sicario, Serkan Kurtulus, que cansado de asesinar a opositores por encargo del régimen de Erdogan, se negó a asesinar al pastor Andrew Brunson y a un jefe zonal del partido ultranacionalista MHP, huyó hacia el país sudamericano. También Turquía exige su extradición.

Aunque cada embajador informa a su Cancillería sobre lo que sucede en su país de destino, es bueno siempre refrescar un poco la memoria.

Recep Tayyip Erdoğan ha convertido a su país en la prisión más grande del mundo de opositores y periodistas. Por su autogolpe del año 2016 hizo apresar a más de 150 000 personas.

Entre los principales perseguidos, se encuentran los miembros del pacífico movimiento Cultural Hizmet o Gülen, que dirige el erudito Fethullah Gülen, a quien Erdoğan culpa del golpe, afirmación que fue desmentida por los servicios de inteligencia europeos y occidentales.

Miles de seguidores del pacífico movimiento de Gülen, fueron perseguidos y ajusticiados, y a los que huyeron del país, el gobierno turco los tilda falsamente de terroristas, pidiendo incluso su extradición, petición que fue rechazada por muchos países.

No contento con ello, Erdoğan envía comandos al exterior para secuestrar a los disidentes. Parece irreal, pero no lo es. Su propio ministro del Interior confirmó esa noticia, diciendo que más de un centenar habían sido raptados, llevados a Turquía y torturados. Asimismo, sobornan a la policía local para sus fines. Incluso, fue comprado el exconsejero de seguridad nacional norteamericano, Michael Flynn, con 15 millones de dólares, para secuestrar al propio Gülen.

Los ministerios del Interior deben conocer de estas prácticas delictivas, y las cancillerías rechazar cualquier acuerdo de extradición que solicite esta Turquía opresiva y despótica. Más aún que miles de turcos se encuentran en el extranjero, entre ellos en el Perú, salvándose de la persecución.

Varios países, entre ellos, Brasil, Gran Bretaña, Grecia, Mongolia, Alemania, Estados Unidos y España, han negado las extradiciones que solicita el gobierno turco.

Las cancillerías panameña y argentina deben rechazar la extradición, porque si la conceden sería una gravísima violación a los derechos humanos y estarían condenando a morir a los perseguidos.

Ricardo Sánchez Serra