El separatismo es la tendencia política que propugna la separación de un territorio respecto del Estado al que pertenece, para alcanzar su independencia o integrarse a otro país; las causas que originan este fenómeno son políticas, económicas, culturales, así como tensiones étnicas y religiosas.

En nuestro país durante muchos años se vivió una estabilidad en la cual las etnias parecían dormidas, donde los pueblos originarios, el pueblo aymara, los quechuas etc. evidencian grandes disparidades como consecuencia de su escaso desarrollo por descuido de los sucesivos gobiernos.

Las nuevas corrientes ideológicas aprovechándose de esa debilidad estatal, presentándose como los salvadores y con una posible solución al problema, utilizando agitadores, recursos y toda una maquinaria para engañar y manipular a la población afín a sus intereses, se posicionan, planean y coordinan acciones para enfrentar al Estado; tratando de imponer condiciones y en algunos casos amenazando al Estado debidamente constituido.

Un Estado en cualquier parte del mundo que permite todas esas acciones totalmente fuera de un marco legal, corre el peligro de desintegración como lo fue en la antigua Yugoslavia, cuando Eslovenia y Croacia, en 1991, realizaron una declaración unilateral de Independencia que motivó la destrucción y disolución, que posteriormente como fichas de dominó fueron separándose, lo que provocó una respuesta contundente del Gobierno Central que no estaba dispuestos a perder 2 de sus territorios, lo que trajo como consecuencia una sangrienta guerra con resultados muy lamentables.

Son seis meses que podemos apreciar diariamente lo que sucede en la Región Sur Este de nuestro país, donde agitadores motivados por intereses extranacionales y con financiamiento oscuro, tratan de imponer su propia ley. Muchos comentan y exigen que las FFAA se pongan fuertes y que se restablezca el Estado de derecho, lo que considero que NO es lo correcto, lo que se vive en ciertas zonas de Puno es un tema Político y por lo tanto es responsabilidad de TODAS las autoridades del Estado que fueron elegidas y designadas con funciones y responsabilidades, y que su accionar no está exento de enfrentar el problema con prudencia y decisión. La población exige acciones, no palabras detrás de un escritorio.

Ha transcurrido mucho tiempo y cada día que pasa cuenta, la respuesta del Estado no ha evidenciado hechos tangibles por lo tanto los agitadores siguen libres, convocando, promoviendo y amenazando. ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Ejecutivo, y del gobernador y alcaldes? Ojalá no sea muy tarde la reacción y las consecuencias sean peores.

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