Estamos en vísperas de que Vizcarra vuelva a ser vendepatria.

Ya hemos explicado que el Perú no puede ratificar el Acuerdo de Escazú porque pierde soberanía y control sobre el 61% del territorio patrio, en unos 777 mil kilómetros cuadrados distribuidos en 960 comunidades y 63 provincias en las cuales habitan alrededor de dos miIlones de ciudadanos y donde se contiene la mayor biodiversidad y reserva de agua del mundo.

El proyecto lo impulsa la comisión de derechos humanos de la ONU (controlado por países de izquierda radical), junto a una amplia red de ONG que propugnan el globalismo vía la supranacionalización de la justicia a manos de tribunales políticos como el de la CIDH.

La izquierda parásita y el Ejecutivo ya firmaron ministerialmente hace dos años el Acuerdo; y hoy solo falta la ratificación del Congreso donde no se entiende homogéneamente que por encima de las diferencias políticas está la defensa del territorio.

En este contexto el anterior canciller Meza-Cuadra tuvo la decencia de expresar su oposición. Lo mismo han hecho gremios empresariales, organizaciones amazónicas y numerosas entidades militares de personal en retiro.
Increíblemente el nuevo canciller López Chávarry ha mancillado a Torre Tagle por orden presidencial aceptando un estéril debate congresal.

¿Por qué Vizcarra está desesperado? Simple: el 22 de julo recibió una carta grotesca, amenazante e inaceptable de Anita Ramasastry, la relatora de la ONU para este caso, pidiendo cuentas de por qué el Perú se tarda en firmar el Acuerdo.

El moqueguano, convertido por tercera vez en chulillo de los globalistas, tiembla ante los gritos de una funcionaria ex becaria de la Universidad de Soros en Hungría, ex colaboradora de la Bachelet y académica radical anti empresa privada. En vez de repudiar la mutilación del Perú y defender el mayor proyecto (Siván-Sipán) de defensa contra el narcotráfico y el crimen organizado en la selva, el vizcarrismo está a punto de ceder con el silencio cómplice de comandantes generales de las FF.AA., quienes olvidan que no se deben al Ejecutivo de turno sino a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

Queda muy pocos días para que el caso se resuelva. ¿Volverá Vizcarra a ser un miserable vendepatria como lo fue con el pago de indemnizaciones a los ladrones de Odebrecht? ¿Aguantaremos la desaparición del Perú que constituimos en 1821? El tema no es político, es de valores nacionales.