¡Cuidado!: Reelección con legalidad y legitimidad
¡Cuidado!: Reelección con legalidad y legitimidad
Existen una serie de razones técnicas y políticas que justifican la necesidad de retornar a la bicameralidad y, asimismo, permitir la reelección de los congresistas, gobernadores y alcaldes, sobre las cuales no es menester ocuparnos en esta oportunidad; todo ello, a pesar de que la voluntad política de los actuales parlamentarios evidencia que en el mes de marzo del próximo año, en el que se inicia la siguiente legislatura ordinaria, se podría obtener la cantidad de votos necesaria que permita modificar nuestra Constitución Política vigente, reestableciendo la existencia de un Senado y allanar el camino para que los actuales congresistas puedan ser reelegidos.
Pero, algo que es mucho más importante que reformar la Carta Política para lograr corregir el error que se cometió hace algunos años, es continuar sin tomar en cuenta que cualquier decisión política, además de ser legal, en cuanto a que se ajusta o respeta el cumplimiento de la normatividad que regula el procedimiento de modificación constitucional, es conseguir que la voluntad ciudadana coincida o sintonice con la decisión congresal o, lo que es lo mismo, tenga también legitimidad.
Entre aplausos y abrazos, la actual representación parlamentaria consiguió aprobar con 93 votos a favor el regreso a la existencia de dos cámaras y la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos. La pregunta que habría que hacerles a todos los legisladores (incluyendo a los que votaron a favor, en contra o se abstuvieron) si, como representantes del pueblo, antes de emitir su voto, tomaron en cuenta lo que el común de las personas tiene como opinión respecto a la decisión política ya tomada.
Me temo que, es altamente probable que un porcentaje muy alto de la población nacional está en total desacuerdo con lo ya aprobado en primera votación parlamentaria. Lo cual significa que, de aprobarse en segunda votación congresal, la referida reforma constitucional podrá ser legal, pero evidentemente será ilegítima, por carecer de apoyo ciudadano.
La conducta política de los congresistas debe de desarrollarse por un camino que coincida con las aspiraciones e inquietudes de sus representados, y no obligar a la ciudadanía a tener que aceptar condiciones sobre las que no está de acuerdo, o tenga una posición contraria, ya sea por desinformación o desconocimiento del tema o del asunto decidido.
Antes de llevar el debate al seno de la Comisión especializada y, menos a la discusión en el Pleno parlamentario, para que la voluntad política de los legisladores pueda tener suficientemente legitimidad ha debido llevarse a cabo, hace mucho tiempo, una gran campaña de difusión en la población nacional, explicándole al común de las personas del ¿por qué es mejor tener dos cámaras, en lugar de una? y, además, ¿por qué es positivo que los congresistas puedan ser reelegidos?
Por cierto, para llegar a “convencer” o “entusiasmar” al ciudadano, que normalmente desconoce razones técnicas y especializadas, y muchas veces complicadas, es necesario que la orientación ciudadana sea usando un lenguaje entendible y que llegue a todos los estratos sociales e intelectuales; dejando de lado, el análisis de los especialistas que puede producir un efecto contrario al que se pretende.
Con un poco de optimismo, considero que podemos todavía estar a tiempo de hacer lo que todavía no se ha hecho. Quedan algunos meses y no se deben de desaprovechar.
Cuando se decidió la existencia de una sola cámara, como estructura interna del Congreso, se vendió la idea de que ello significaba mucho gasto al erario nacional. El actual Parlamento gasta mil veces más de lo que gastaba el Poder Legislativo, cuando tenía una Cámara de Diputados y un Senado. Asimismo, para eliminar la reelección de los alcaldes, igualmente, se le dijo a la población que eso genera corrupción; pero, como vemos, ahora las autoridades corruptas no necesitan dos o más periodos para actuar ilegalmente. Ahora, lo hacen en un solo periodo.
En consecuencia, tratemos de que mejoren las decisiones políticas, las cuales deben de ser, además de legales, por cuanto se respeta el ordenamiento jurídico vigente, también sean legitimas, en la medida que se interpreta más y mejor la voluntad ciudadana.
la que repercuta nuestra experiencia y éxitos internacionales.
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