Con preocupación, se han conocido opiniones de algunos que se dicen especialistas en materia constitucional, decir que sí es posible evitar la intervención del Congreso para reformar la Constitución o elaborar una nueva.

Sólo una opinión totalmente equivocada o desubicada puede ser la que, desconociendo lo establecido en nuestra norma fundamental y la Ley 26300 que regula, entre otros, el referéndum como mecanismo de consulta popular, proponga tan descabellada recomendación.

El término “asamblea constituyente” no aparece en ninguna parte de nuestro ordenamiento constitucional vigente; en consecuencia, si eso es lo que se quiere, se requeriría una previa reforma constitucional. Reforma que tendría que ser discutida y votada, en primer lugar, por el Congreso. Pero, para el efecto, tendría que haberse presentado una propuesta suficientemente fundamentada. En consecuencia, según nuestra normas vigentes, el presidente de la República ni ninguna otra autoridad del Estado tiene facultades para convocar a la elección de miembros de una asamblea constituyente.

Por otro lado, también se especula, equivocadamente, que se pueda utilizar la consulta de referéndum para recoger la opinión ciudadana, en el sentido de saber si está o no de acuerdo de que se elabore una nueva Constitución. Otro grave error; pues, no está previsto que el referéndum sirva para ello.

Únicamente puede ser usado el referéndum cuando una reforma parcial o total de la Constitución, en un primer momento, haya sido aprobada por el Congreso sólo con el cincuenta porciento más uno del número legal, y por no haber alcanzado una votación que constituya ser más de dos tercios, igualmente, del número legal. Lo cual corrobora lo ya indicado, en el sentido que la intervención del Congreso es inevitable.

El referéndum es un derecho que lo solicita la ciudadanía; y no la persona del presidente de la República ni tampoco los congresistas. Tal como lo precisa la indicada Ley 26300, cuando establece que, para solicitar su convocatoria, es la población la que debe pedirlo; y, para ello, es necesario que lo hagan una cantidad de ciudadanos en un número no menor al diez porciento del electorado nacional.

Asimismo, y previendo cualquier eventualidad que se derive de un desconocimiento intencional de no querer respetar nuestro ordenamiento legal vigente; se advierte que el referéndum no puede ser convocado por el presidente de la República ni tampoco por el Congreso. Es la autoridad electoral la facultada para ello (léase el artículo 44 de la referida Ley 26300).

Por lo tanto, no debemos estar en condiciones de volver a someternos a decisiones populistas, pero violatorias de las normas legales, como lo denunciamos en su momento, cuando el expresidente Vizcarra convocó a referéndum, violentando las normas que regulan sus atribuciones. Al respecto, el inciso 5,del artículo 118 de la Constitución, señala que corresponde al presidente de la República convocar a elecciones presidenciales, congresales, alcaldes y “demás funcionarios que señala la ley” (no dice que puede convocar a referéndum).

Para quien pueda tener dudas, suficiente con revisar el artículo 80 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) que prescribe “Corresponde al presidente de la República iniciar el proceso electoral convocando a elecciones, mediante decreto supremo, a excepción de lo dispuesto en la ley de Participación y Control Ciudadanos”. ¿Cuál es la excepción?; precisamente el referéndum (regulado por la Ley 26300, que citamos anteriormente).

En consecuencia, hay que hacer las cosas bien. Pues, lo que comienza mal, termina mal.

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