El informe publicado en EXPRESO sobre la Sunedu nos recuerda que en democracia el principio de transparencia debe tener contenido y no ser sólo una palabra hueca que oculta una realidad que grupos de interés se esmeran en ocultar con operadores políticos y mediáticos.

He sido testigo de los indicios de graves irregularidades que se habrían producido en esa entidad creada por la Ley Universitaria en 2014 y los hice públicos en su momento. Saludo que un abogado de prestigio como Raúl Canelo, de quien nadie puede afirmar que tiene intereses subalternos, coincida conmigo y agregue más información al tema.

Danza de millones. Así se puede resumir lo ocurrido en la Sunedu desde su creación. Pero no hablamos de la ejecución regular de un presupuesto público. No. Hemos visto cómo se pregonaba la independencia y la meritocracia y, al mismo tiempo, se contrataba a amigos, personas sin grados académicos y se entregaba millones de soles a medios de comunicación.

Lo insólito es que esas instancias integradas por personas sin méritos eran las encargadas de licenciar y calificar a las peruanas y peruanos sobresalientes y con títulos en prestigiosas universidades del extranjero.

Uno podría pensar que esta realidad era fruto de la incompetencia o la desidia de las autoridades, pero no. Hay detrás de todo esto una preocupante mezcla de intereses políticos y económicos que involucran los presupuestos de la Sunedu y del Ministerio de Educación. ¿A qué me refiero?

En el diseño elegido para la Sunedu, el superintendente es designado a dedo por el Ministerio de Educación. Y resulta que entre los años 2016 y 2019, con cuatro ministros de educación distintos, el único peruano al que se atribuyeron los méritos para ser el conductor de la Sunedu fue el señor Francisco Sagasti.

En los años siguientes varios de esos exministros siguieron ligados al sector a través de diversas modalidades. Un caso singular es el de Daniel Alfaro, quien ejerció el cargo entre abril de 2018 y marzo de 2019. Alfaro dejó el cargo, pero siguió ligado al sector a través de consultorías con su organización Pirka que él ha defendido públicamente.

¿Es ético que una persona que fue ministro de educación se convierta posteriormente en consultor del mismo sector? Yo creo que no, pero para el señor Alfaro no hay problema alguno.

Es el tema de las tristemente célebres consultorías que durante años han drenado valiosos recursos del sector educación y de la Sunedu para favorecer a personas u organismos no gubernamentales que reciben millones de soles a cambio de informes que poca utilidad tienen para la comunidad educativa.

Un tema aparte es el dinero destinado por concepto de publicidad a grupos mediáticos. Son millones de soles que fueron entregados a importantes medios de comunicación que fueron capaces, sin ninguna vergüenza, de defender intereses privados y devenir en defensores de una supuesta reforma universitaria que solo favorecía a sus amigos.

Todo aquel que cuestione a la Sunedu se convierte por obra de estos medios en partidario de la contrarreforma y enemigo de la calidad universitaria. Así de maniqueo es el debate que plantean sobre la necesidad de mejorar la educación superior en el país.

La forma en que se manejó el licenciamiento de las universidades, aplicando criterios distintos para situaciones similares, es otro de los pasivos que ha dejado la Sunedu y que la actual administración tendrá que aclarar o corregir. En Ica no se licenció a la antigua universidad nacional San Luis Gonzaga, pero se autorizó el funcionamiento de una universidad privada que no cumplía los requisitos mínimos. ¿Quién se hace responsable de estas decisiones?

Otro aspecto que debe investigarse es por qué un conocido grupo económico fue el único que se benefició con un vacío legal para poder crear filiales de su universidad en el interior del país. Es algo insólito que hechos de esta gravedad hayan pasado desapercibidos y sigan ocultos a la opinión pública mientras supuestamente se defiende una “reforma universitaria” que día a día se evidencia como una expresión carente de sustancia.

Creo que la educación superior debe tener prioridad en las políticas públicas y que es necesaria una auténtica reforma universitaria, sin amiguismos y alejada de la política partidaria y de las ONG con agendas foráneas. Y lo digo en voz alta porque así proclamo yo mi verdad, aunque eso les disguste a los adefesios.

Por Óscar Becerra Tresierra

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