El Gobierno del presidente Francisco Sagasti -el cuarto después del electo Pedro Pablo Kuczynski en las Elecciones del 2016- está enfrentando diarias protestas violentas en las distintas carreteras del país; a las marchas agrarias -en las que murió Jorge Muñoz Jiménez, un joven padre de 20 años- le han seguido la de los colectiveros, paperos, mineros, etc., y se anuncia la huelga indefinida del Sector Salud, en pleno rebrote de la pandemia y del descubrimiento de casos de re-contagios de la covid-19.

La respuesta del Gobierno ante estas protestas no sólo ha sido tibia, sino complaciente. Es el caso de la derogación de Ley Agraria -a consecuencia de la fuerza de las piedras y palos- que ha servido como base para el florecimiento de la agroindustria en el Perú y ayudó a convertir a Ica en una región con pleno empleo y, a otras regiones como Piura, también les permitió altos índices de ocupación en un sector que ofrece trabajo a gran cantidad de mujeres y varones que no han tenido mayores oportunidades de estudio en la vida.

Una ley con esos resultados en las últimas décadas es positiva; otro asunto son los abusos que cometen los agroexpotadores informales y, al margen de la justicia, cometen abusos con los trabajadores negándoles un sueldo digno, beneficios sociales y los explotan con largas jornadas de labor; pero para ellos está la fiscalización que deben ejercer los organismos del Estado correspondientes.

El actual Gobierno está otorgando muy malas señales sobre su pericia para el manejo del desborde popular y la delincuencia. No podía ser de otra manera, porque se inauguró sacando a 18 generales de la Policía Nacional, como respuesta al supuesto comportamiento abusivo frente a las marchas callejeras juveniles y de infiltrados violentos que acabaron cuando asumió el mando, al menos así lo percibe el imaginario popular.

Un Gobierno de Transición que surgió de la protesta de la calle, muy difícilmente va a poder manejar el populismo en estos meses que le quedan hasta el 28 de julio de 2021; pero es la ciudadanía la que sufre los atascos en las carreteras y sus malas consecuencias. Familias enteras, conforme lo muestran los medios, castigados varios días sin agua ni alimentos, por los bloqueos a toda clase de vehículos, sobre todo, a los de los pasajeros que vuelven o viajan a Lima desde provincias.

No nos engañemos, los revoltosos, ya midieron la temperatura de este Gobierno y van a pedir hasta el Sol y la Luna; porque saben que, con la violencia y la presión en las calles o carreteras, lo van a conseguir. Si a ello se suma que la institucionalidad de la Policía Nacional está en entredicho con un Ejecutivo que, sin medir las consecuencias y metiendo a todos en el mismo saco, cree que la gran mayoría de sus miembros son violentos, corruptos y violadores de los derechos humanos, la mesa está peligrosamente servida.

¿Será por eso que, como comentábamos el domingo pasado, desde la Bancada Morada, de donde procede el excongresista Sagasti, han afirmado que “sin estabilidad peligran las elecciones”? La estabilidad es responsabilidad directa del Gobierno y no la va a conseguir si, en vez de gestionar el desborde en las carreteras, se quiebra ante toda protesta y no atina más que derogar leyes y pagarles cediendo a todas sus solicitudes, por caprichosas, inadecuadas y populistas que sean.

Profesora CENTRUM-Excongresista de la República.