Por Carlos de la Torre Paredes

El pasado 25 de abril, Pedro Castillo envió un proyecto de ley al Congreso de la República planteando una Asamblea Constituyente mediante referéndum, proyecto que fue rápidamente archivado.

Ante esto, el Ejecutivo pareció cambiar de estrategia política, pues, mediáticamente, dejó de mencionar el cambio de constitución, sin embargo, sus operadores políticos, que incluyen a sus parlamentarios y representantes de partidos que lo respaldan políticamente, mantienen esta demanda en agenda.

La estrategia de utilizar discursos disociados e incluso disímiles del Ejecutivo no es exclusiva del tema constituyente; puede rastrearse en diversos ámbitos del accionar del gobierno, que incluyen su reciente presentación en la Cumbre de las Américas, su posición respecto a la minería, sus decisiones al elegir ministros de Estado, y demás.

Esta estrategia de discurso disociado es digna de análisis, pues contribuye a generar un escenario político difícil de interpretar: una zona gris donde el gobierno parece acomodarse a lo que considera necesario para afrontar las complicaciones que le aparecen por delante, sin considerar ideologías ni alianzas previas; lo que aparentemente se complementa con la estrategia de mostrar a Castillo como alguien poco preparado para el cargo, con lo cual la culpa de los problemas y escándalos que pueda afrontar el gobierno terminan por recaer en otros hombros.

A estas estrategias se le ha sumado la de polarización dicotómica, al encontrar en la Constitución a un enemigo del régimen (entre muchos otros enemigos), por lo que desde el gobierno se ha argumentado la necesidad de un proceso constituyente para solucionar los diversos problemas estructurales del país; discurso que cala sin dificultad, pues las brechas sociales y económicas se han visto ampliadas a causa de la pandemia y la crisis política iniciada con la caída de PPK.

Los efectos de estas estrategias (entre otras que utiliza el Ejecutivo) se encuentran en que, según últimas encuestas, uno de cada cuatro peruanos, aproximadamente, considera necesario un proceso de asamblea constituyente.

Sin embargo, solo uno de cada veinticinco peruanos ha leído y recuerda la Constitución. El resto que la ha leído, la recuerda parcialmente o casi no la recuerda y un gran porcentaje ni la ha leído ni tiene idea qué hay dentro.

Ante lo cual, se puede asumir que gran parte de quienes creen necesaria una Asamblea Constituyente no conocen o no recuerdan lo que dice la Constitución. Lo mismo sucede con todas las demás posiciones: quienes consideran necesarias reformas y quienes no quieren que se modifique absolutamente nada, tampoco tienen claro su contenido.

Tras considerar esto, resulta comprensible que el Ejecutivo mantenga una narrativa disociada respecto a la Asamblea Constituyente, pues así evita ahondar en un verdadero debate político que podría desgastarlo, mientras sus operadores aprovechan el desconocimiento y la falta de información para desprestigiar la actual Constitución, valiéndose de argumentos muchas veces inexactos pero impactantes y bien organizados, que causan miedo y zozobra, como que la salud y la educación no están garantizadas en la Carta Magna.

Si se asume todo lo anterior, la gran mayoría de quienes se oponen a una Asamblea Constituyente, sin quererlo, están contribuyendo a la estrategia del Ejecutivo, pues si bien rechazan el cambio constitucional, lo hacen desde el desconocimiento, posición indefendible ante cualquier planteamiento contrario con una narrativa bien estructurada. ¿Cómo defender lo que no se conoce?

En este sentido, parece necesario que el contenido de la Constitución se difunda de forma masiva, lúdica y didáctica (no solo regalando constituciones), pues, ante la aparente inminencia del debate constituyente, se debería hacer lo posible porque este no esté basado en miedos y prejuicios.

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