Debemos enfrentarnos a la Corte IDH
Debemos enfrentarnos a la Corte IDH
Urge restablecer nuestra dignidad nacional. El Perú, como república independiente y soberana, debe apartarse de inmediato del sistema interamericano de los mal llamados Derechos Humanos.
El detonante es, evidentemente, la reiterada intromisión de la Corte de San José en el caso sensible de la ejecución del indulto al expresidente Fujimori, quien fue sancionado a prisión por 25 años bajo acusación de haber cometido crímenes bajo la modalidad de “autoría mediata” (inexistente en el derecho penal peruano, y con una redacción dictada por asesores españoles). Nunca fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad porque esa tipificación tampoco existía legalmente y porque la expresión fue utilizada solo como criterio ideológico por el magistrado San Martín, paladín de la izquierda caviar.
Kuczynski le concedió el indulto en la Navidad del 2017 en base a la facultad del artículo 118, inciso 2 de la Constitución. A pedido de traficantes de los derechos humanos, en mayo de 2018 la Corte IDH, abusando de sus atribuciones, cuestionó la legalidad del indulto y emitió un fallo para que las autoridades lo revisen. En actitud indigna y servil en octubre de ese año, un juez anuló el indulto y Fujimori volvió a prisión. Merced a un habeas corpus en marzo de 2022, el TC emitió un cuestionado fallo ratificando el indulto, pero por “control de convencionalidad” la Corte IDH se volvió a pronunciar contra su legalidad. Fujimori, entonces, fue retenido. Hace una semana en vía de aclaración el TC, ha sentenciado nuevamente que se vuelva a aplicar el indulto.
Sin embargo, el cobarde juez de ejecución ha acatado un tercer pronunciamiento de la Corte IDH y se ha inhibido de cumplir con la liberación. Y ahora, vía apelación por salto, el TC deberá ordenar que se cumpla con indultar.
Una odisea que solo se explica por la desnaturalización del sistema interamericano que no se restringe a cautelar los derechos humanos legítimos, sino que pretende jurisdicción de gobierno sobre nuestro país por encima del TC y de nuestra soberanía. Frente a eso caben dos acciones: en lo inmediato desacatar, por juridicidad y voluntad política lo que diga la Corte, con lo cual no pasará nada (hay precedentes); y de inmediato denunciar los tratados vinculantes para separarnos de su jurisdicción. Recuperar nuestra independencia y frenar los excesos ideológicos de la Comisión y la Corte IDH son acciones urgentes que deben unirnos a los patriotas independientemente de nuestra posición política interna.
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