Es hora que los demócratas nos rebelemos contra la mafia que ha tomado control del sistema judicial para someternos, sojuzgarnos y amenazarnos permanentemente manipulando a la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y diversos juzgados de la república.
Solo los cobardes pueden callar frente a abusos tan graves como el perpetrado contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, a quien se suspende por 36 meses para que no retome legítimamente su cargo, burlando el propio reglamento de la Junta que prescribe el antejuicio congresal para los aforados.
Repugna que la ponente –nada menos que una ex ministra de justicia del presidente García– base su informe sancionador en el documento vil preparado por una miembro separada de la Junta por haberse zurrado en el reglamento que le exigía dimitir por exceso de edad para el ejercicio del cargo.
Y motiva justa exaltación que un juez, subyugado por la misma JNJ, ordene la inmediata reposición de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la nación cómplice del vizcarrato inhabilitada por el Congreso de la República en ejercicio de sus funciones constitucionales.
También irrita la conciencia ciudadana la decisión judicial infame que viola la integridad póstuma de Alan García Pérez, permitiendo que sus conversaciones telefónicas sean escuchadas en los aparatos que fueron incautados durante el cerco criminal que la fiscalía venal y la policía política encabezaron junto a IDL para llevarlo hasta la muerte.
Los ciudadanos estamos indignados, asimismo, ante la persecución política anti aprista autorizada por un magistrado que pretende negarle el derecho del antejuicio al ex congresista y dirigente Mauricio Mulder en un caso turbio de acusaciones sin fundamento vinculadas a la corrupta Odebrecht.
Mientras tanto cae en la impunidad réproba que no se investigue y sancione a Gorriti y a los fiscales dolosos precisamente vinculados al caso Lava Jato, y que se pase por alto la red mafiosa que consiste en traficar con información privilegiada de la fiscalía a periodistas y medios que pagan el servicio ya sea con su silencio o con miserables campañas de encubrimiento de la red de corrupción más grave de la historia republicana.
Es hora, pues, no solo de expresar nuestra solidaridad activa, sino de exigir una intervención y reforma profunda de un sistema que ha llegado al epítome de la vergüenza al afirmar inmoralmente que “son los ciudadanos quienes deben demostrar su inocencia”, rompiendo así la sacralidad de cualquier sistema civilizado y constitucional de derecho.

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