Deben anularse cargos de prefectos y subprefectos regionales y distritales

Deben anularse cargos de prefectos y subprefectos regionales y distritales

El pasado día 12, el Poder Judicial decretó la detención preliminar, por 10 días, de Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), por haber cometido presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, al haber influido en nombramientos de prefectos y subprefectos para recolección de firmas en fichas de afiliación y usarlas en la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, esta acción se cometió con apoyo del director general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, encargado de supervisar y nombrar prefectos y subprefectos a nivel nacional (existen 26 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1,396 distritales), asumió el cargo desde diciembre 2022, al inicio del gobierno Dina Boluarte, ocupándolo hasta el pasado día 10, en que fue removido al recaerle una orden de detención. Deberían investigarse todos los nombramientos ejecutados por Ortiz durante el gobierno de Boluarte, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024.
Durante el período de Castillo, éstos cargos se usaron como repartija de trabajo siendo designados a dedo 672 militantes de Perú Libre, partido Popular Magisterial, Fenatep y Movadef para que accionen como su brazo político, agitadores sociales y hasta portátiles; antes de caer por el autogolpe, aumentó el presupuesto de prefectos y subprefectos a cifra récord, de S/ 61 a S/ 77.5 millones, incrementándoles los sueldos entre S/ 7,000 a prefectos y S/ 6,500 a subprefectos, además les destinó S/ 1.5 millones para adquirir componentes y equipos informáticos a nivel nacional.
En el período de Boluarte, destituyó los prefectos y subprefectos nombrados por Castillo, pero inmediatamente empezó a reemplazarlos, en sus primeros 3 meses realizó 344 nombramientos y continúo designando a buen ritmo, además, se constataron nombramientos en Cusco, Huánuco y Piura, de firmantes de planillones del Movadef, y, según un informe de El Comercio, seis coordinadores de la organización de Nicanor Boluarte fueron designados como prefectos y subprefectos en diferentes regiones del país.
Bajo este panorama, los cargos de prefectos y subprefectos deben ser anulados, debieron ser desactivados cuando se aprobó en noviembre de 2002 la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, antes de este año eran importantes, pero después de la ley orgánica, las funciones de representar al gobierno y planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas, interfiere con las funciones de los gobernadores y alcaldes, hacen “trabajo paralelo” al de autoridades elegidas por voto popular. En noviembre de 2022 la Comisión de Descentralización aprobó con 10 votos a favor y 6 en contra, el dictamen sobre eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos (PL-2882/2022-CR), el cual, increíblemente, hasta la fecha, no ha sido agendado para su debate y votación en el pleno del Congreso.

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