En medio de la incertidumbre política como consecuencia de la cercanía de los resultados entre los contendores de la segunda vuelta electoral y las impugnaciones aún no resueltas, la invocación de un grupo de ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en el sentido de observar y velar por la voluntad popular fue calificada como delito de conspiración para la sedición. Esta calificación nos exige revisar de qué se trata este ilícito penal previsto en el artículo 349 de nuestro Código Penal vigente, ilícito que muy pocas veces ha sido nombrado desde la vigencia de la norma citada.
Según nuestro Código Penal, la sedición es considerado un delito contra el orden constitucional. Para ser calificado como tal debe exteriorizarse una conspiración entre dos o más personas para provocar el alzamiento público, tumultuario y violento con el objetivo de desconocer a la autoridad legítimamente elegida. Sin embargo, del texto del comunicado de los militares en retiro no se desprende ninguna expresión que tenga estas características, salvo las escaladas de inferencias que cualquier persona común puede hacer, pero que definitivamente no tendrán relevancia penal.
Al parecer, hubo una confusión en el momento de calificar al comunicado como delito de conspiración para la sedición. En el contenido de dicho documento no existe más que una opinión de cómo deberían actuar las Fuerzas Armadas en el hipotético caso de que se modifique la voluntad popular. Cabe recordar, al respecto, que en algún momento de nuestra historia se persiguió y sancionó a aquellos conciudadanos que expresaron sus ideas contra el régimen imperante o manifestaron creencias u opiniones calificadas como “peligrosas” para el sistema vigente. Estas persecuciones dieron lugar al llamado “delito de opinión”, hoy proscrito de manera expresa por el numeral 3 del artículo 2 de nuestra Constitución vigente.
La proscripción del delito de opinión tiene sólidos fundamentos. En un Estado democrático de derecho en el que tanto la libertad de difundir el pensamiento (oral o escrito) como las creencias son parte consustancial de su definición, la expresión de ideas no puede ser considerada un acto punible. Amenazar con una sanción penal a los ciudadanos de un pueblo que expresa libremente sus ideas con el propósito de convertirlo en un pueblo disciplinado, silenciado y temeroso es dar al traste con la noción de Estado de derecho. La democracia no puede existir en un marco semejante.
En relación con el tema del presente artículo, es interesante la tesis planteada por Colomer Bea, profesor español de la Universidad de Valencia. Según este autor, la aplicación del delito de sedición no es otra cosa que un ejemplo del llamado chilling effect (“efecto desaliento”). En ese contexto, nos advierte del peligro de aplicar una norma penal de una forma determinada para disuadir a los ciudadanos del ejercicio de un futuro derecho fundamental como es el de reunirse, manifestarse y opinar. Resalta también que no se debe confundir la función preventiva del derecho penal con este efecto del desaliento.
La tesis del profesor español es consistente. Pero más allá de ello, es una posición con la que estamos de acuerdo. Definitivamente, no viviríamos en un Estado respetuoso de las libertades y derechos ciudadanos si persistiera semejante confusión.

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