La intervención con el propósito de indagar y recabar información sobre supuestos ilícitos penales por parte de una Fiscalía Anticorrupción a las oficinas de la Secretaria General de Palacio de Gobierno, ubicada en la sede del Poder Ejecutivo, donde despacha el Presidente de la República, donde se ubica su residencia oficial y donde sesiona el Consejo de Ministros, fue increíblemente tomada si se quiere hasta con naturalidad por quienes han asumido a voluntad, la penosa labor de pasar por agua tibia todos los escandaletes y desencuentros de la actual gestión y en ese propósito o guardaron silencio o trataron de voltear la noticia, comentando el evento como una muestra de la independencia y separación de poderes públicos, lo contrario a una dictadura comunista; sin embargo lo que dictaba la cordura, el sentido común, era llamar las cosas por su nombre, que lo sucedido era un “baldón”, un “deshonor”, para la majestad e imagen pública de un poder del Estado, cuya máxima autoridad representa a la Nación.

No hay recuerdo de una diligencia fiscal al interior de las instalaciones de la Casa de Gobierno, salvo el escandaloso caso “Swing” allá por junio de 2020, por hechos supuestamente acaecidos detrás de sus muros y en el ejercicio de un alto cargo público, como los que se le sindican al renunciante secretario general Bruno Pacheco (interferir en los ascensos en las Fuerzas Armadas, etc.), máxima autoridad ejecutiva que asiste técnicamente al presidente y vicepresidentes, que elabora la Agenda Presidencial y coordina sus actividades, según lo regula el D.S. N° 077-2016-PCM. Y más aún no hay registro “comprobado” de haberse encontrado en el baño del secretario de Palacio 20,000 dólares americanos, obviando la obligatoriedad de bancarizar el dinero y que, cuando menos, el lugar donde fue puesto y a quien le pertenecería, son hechos harto escandalosos que traerán cola.

Pero parece mal entenderse la “defensa a la democracia”, particularmente esta columnista, la tiene clara de que se deben respetar los periodos constitucionales de un presidente electo por voto popular, que salvo las excepciones previstas en la Constitución, no se debe interrumpir un mandato y que si el electorado se equivocó al elegir autoridad, si la persona resulta no idónea para el cargo, solo queda esperar que transcurra el quinquenio, eso sí velando porque no se quiebre el Estado de Derecho en el país, sobre todo de quien ejerce el poder político.

Pero de ahí a cerrar los ojos como algunos, a la forma como destruyen el aparato estatal, como se pretende influir o presionar en otros fueros donde no se tiene competencia, sin levantar la voz, sin condenar los hechos, es otra cosa. La democracia se fortalece cuando se separa la paja del trigo que la debilita. Del papel de consentidores ya no se vuelve.

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