Una de las razones fundamentales de esta escalada delincuencial que soportan los peruanos es el desfase que tiene nuestra legislación, respecto a la coyuntura que vive el país por culpa de gobernantes –del Ejecutivo y Legislativo– que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bastaría revisar el universo de normas vigentes y leyes que se sobreponen entre sí, plagadas de citas comunes que, por su medianía, alientan las interpretaciones más absurdas para, al fin del día, favorecer al delincuente. O para servirle de agujeros negros que los librarán de sus crímenes, facilitándoles continuar atacando inhumanamente a la sociedad. Y peor aún enervando la acción de la Policía.
La primera instancia para controlar la delincuencia es la Policía. Institución primordial, aunque acá venida a menos, víctima de continuas malas gestiones gubernativas que vienen dirigiendo el país durante las últimas décadas.

Primero, por la desconsideración de estos gobernantes hacia un cuerpo policial que antepone su vida y salud a cambio de míseros salarios aprobados por ministros y presidentes retaceando presupuestos de la Policía Nacional, sin considerar los riesgos que corren los custodios del orden ni las infamantes condiciones que exhiben las comisarías sin interconexión, los vehículos destartalados, las armas cuyas municiones deben de comprarlas los policías, etc. Acá agreguemos que esos mismos presidentes y ministros –muy eficientes al retacearles sistemáticamente los presupuestos a la Policía– han estado embolsicando muchísimos millones de soles a través de remuneraciones primermundistas. Por si eso fuera poco, han apelado a la megacorrupción, enriqueciéndose con fondos públicos que robaron a espaldas del pueblo. Y es precisamente esta grave coyuntura la que exhibe esa mala entraña de los gobernantes. Gente que mientras remunera al Policía con minucias –demandándole además que persiga el delito poniendo el pecho por cuatro pesetas– se reparte desde palacio de gobierno y desde los grandes despachos ministeriales una gruesa parte del presupuesto que se autoasigna como compensación por su “trabajo”. Pero por encima de todo, la mayor parte de esos políticos que insisten en gobernarnos sin sapiencia, amable lector, acaban embolsicándose millones de soles que estuvieron presupuestados para obra pública, fundamentalmente infraestructura. Lava Jato es la prueba definitiva.

Volvamos, sin embargo, al tema que nos ocupa. Es inaudito que Congreso y Ejecutivo no hayan puesto al día los códigos Penal y Civil, colocándolos al servicio del poblador como barreras infranqueables contra la ola criminal que nos flagela. Empecemos por el eufemismo denominado “Delito de menor cuantía”. Quizá la piedra de toque de esa vastedad de robos, asaltos, asesinatos que, como rutina incesante, a diario nos traen las noticias policiales plenas de sangre. No es posible que las autoridades decidan que S/ 1,640.00 sea el monto que jueces y fiscales apliquen como base para establecer la “menor cuantía”. Si el asalto que sufrió usted amable lector, fue por menos de esa cifra no clasificará como delito sino como falta. Quien robe un celular, una cartera, etc. cuyo valor sea menor a S/ 1,640.00, no calificará como delincuente. Consecuentemente, quedará expedito para seguir robando. ¿Así queremos ganarle al crimen organizado?