La reciente excarcelación del Gral. EP Juan Rivero Lazo, en la tarde del jueves 26 de diciembre, una semana después de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, ha ocasionado que se visibilice una corriente de “acentuación de contradicciones”, en cuanto a las denuncias por violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por agentes del Estado y, en particular, las objeciones hacia la Ley 32107, Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, que desde su propuesta fue observada por ONG de derechos humanos.
El 24 de marzo de este año, cuando se conmemoraba en Argentina el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, el Gobierno de Javier Milei difundió un video donde se aprecia al ex montonero Luis Labraña reafirmar sus declaraciones, hechas en el año 2017, que la cifra de treinta mil desaparecidos obedeció a una invención suya para justificar el apoyo económico al movimiento y a las “Madres de la Plaza de Mayo”, además de reforzar la narrativa de “genocidio”, debido a que en esos años estaban registrados 8,900 desaparecidos, cifra considerada insuficiente para sus fines. Luis Labraña cuestiona: “… ¿quiénes son los 22 mil restantes que cobraron por esa gente que no tienen nombre, que supuestamente son desaparecidos? ¿Por qué se utilizaron tres mil millones de dólares para pagar por esos desaparecidos, y dónde está el dinero?”.
En Uruguay, esta última semana de diciembre, el Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, fiscalía creada en el 2018, citó a Lucía Topolansky, ex vicepresidente de Uruguay y esposa de José Mujica, para que proporcione información sobre falsos testimonios en los juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas, declaración hecha durante una entrevista para el libro “Los indomables” del periodista Pablo Cohen, señalando que en algunos sectores de la izquierda hay personas que “mienten en las declaraciones” sobre crímenes de lesa humanidad vinculados a la dictadura militar (1973-1985) con el objetivo de lograr condenas contra militares, acotando que, aunque conocen los nombres de quienes habrían incurrido en esta práctica: “No lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones”.
Estas manifestaciones siembran en nuestra sociedad serias dudas sobre los verdaderos ánimos de las denominadas aspiraciones de justicia y reconciliación, sobre todo debido al carácter internacionalista de las organizaciones de izquierda y una bien estructurada difusión de “lecciones aprendidas” como modus operandi, así como la construcción de una historia “políticamente correcta”, basada en el engaño y desinformación.
Bajo estas premisas, resulta pertinente inferir que no existen errores en cuanto a publicaciones o expresiones hechas en determinadas coyunturas políticas, como la hecha por el LUM el 18 de diciembre último, afirmando que el dirigente Pedro Huillca fue asesinado por el “Grupo Colina”, cuando existe una sentencia absolutoria, que comprende al Gral. Rivero, injustamente acusado dentro de este execrable hecho. Dos días después el LUM realizó la corrección, pero haciendo hincapié en que: “A la fecha no se tiene información que dicha sentencia haya quedado consentida o ejecutoriada (carácter firme)”. ¿Era necesario hacer esta aclaración o sirve para seguir sosteniendo una falsa acusación, cuando todo apunta a que fue asesinado por la organización terrorista Sendero Luminoso?
Lo descrito inevitablemente despierta dudas y lleva a cuestionarnos si la cantidad de desaparecidos determinada por la CVR mediante el “Método de captura-recaptura” o “Método de Lincoln-Petersen”, utilizado en la pesca para estimar la población total de una especie, realmente obedece a la intención de establecer la verdad y reconciliación. El General FAP Luis Arias Graziani, quien integró la CVR, opinó sobre el informe que: “… deberá ser contrastado con la verdad histórica que la nación oportunamente encontrará”.
No se trata de negacionismo, como pretenden establecer pseudodefensores de derechos humanos. La “memoria histórica” no debe utilizar los términos “conflicto armado interno” o “violencia política” para referirse al terrorismo, ni debe sostener el discurso de la pobreza, racismo y la injusticia social como sus causas, alimentando las contradicciones. Tampoco debe fomentar el odio y la venganza contra quienes combatieron el terrorismo… De esta manera nunca se hará justicia ni se contribuirá a alcanzar una verdadera cultura de paz.

Por Contralmirante Aníbal Cueva López

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