La tiranía podría instalarse en nuestro país. El Ministerio Público dio un avezado salto, en esa dirección, al decidir indagar a los congresistas que desacataron al Poder Judicial y no suspendieron la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público y el Poder Judicial -capturados por la argolla del corrupto Martín Vizcarra y oenegés del entorno de su cómplice Francisco Sagasti- violan abiertamente el artículo 93 de nuestra Constitución, pues “Los congresistas… No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno…”.

Estamos ante una persecución de congresistas opositores, del mismo modo que se persigue y acosa a la oposición política encabezada por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que para la mayoría de electores es la verdadera ganadora de la segunda vuelta. Nuestras instituciones ya no se desenvuelven democráticamente. Estamos ante una tiranía en expansión y a un representante del narco-castro-chavismo que nos podrían imponer con trampa (votos de muertos, menores de edad y suplantaciones).

La pesadilla comenzó cuando Salvador del Solar Labarthe dio un portazo en el Congreso para justificar el Golpe de Estado que perpetrara luego Martín Vizcarra. El asunto continuó con una movilización de masas tras la vacancia del corrupto Vizcarra, cuya finalidad era evitar un gobierno de su sucesor, el decentísimo acciopopulista Manuel Merino de Lama, y encumbrar a un aliado: el izquierdista Francisco Sagasti, que no ha dicho esta boca es mía ante la incivilizada intromisión actual del Ministerio Público en las funciones congresales. Estamos ante un encargado de la presidencia contrario a nuestro ordenamiento constitucional, que ha interferido en la segunda vuelta a favor del sindicalista Castillo -como lo denunció Mario Vargas Llosa internacionalmente-, y que no tiene empacho en usar el poder para su propia agenda política. Sagasti es un tiranito en ciernes. ¿Dejará el cargo si el Jurado Nacional de Elecciones no proclama a su preferido?

En nuestro país el equilibrio de poderes está roto desde el Golpe de Estado de Vizcarra, solo faltaba capturar el contrapoder del Congreso. Por eso preocupa la persecución desatada por el Ministerio Público contra los congresistas que no obedecieron al Poder Judicial, simplemente porque no tienen por qué hacerlo. En esta pseudo democracia profundamente debilitada ya comenzaron las amenazas a la prensa. Al Grupo ‘El Comercio’ el Poder Judicial le intenta anular la compra de Epensa, cerrada hace más de ocho años. El feroz periodista Beto Ortiz, es blanco de todo tipo de hostigamientos, el último ha sido el ataque y amenazas del argentino Julián Palacín Fernández, asesor del autoproclamado Castillo. Este diario, Expreso, no es la excepción y ha sufrido incluso ataques cibernéticos y legales, entre otros.

¿Qué viene ahora? ¿Lanzarse sobre los demócratas que recuperaron la calle de las garras rojas rentadas? El movimiento social de defensa de la verdad electoral es el último control de poder que tenemos.