Hace un par de meses, en esta misma columna y bajo el título “A los periodistas, ni con el pétalo de una rosa” me solidaricé con los reporteros que, recogiendo noticias de los acontecimientos desarrollados en la última campaña electoral, habían sido salvajemente agredidos, se supone, por militantes o simpatizantes partidarios.
Y, más aún, la protesta era también por cuanto, a pesar de que las agresiones se habían producido en las narices de los propios actores políticos, no se produjo la más mínima reacción de los mismos, para identificar a los agresores, convirtiéndose así en cómplices de estos actos delictivos.
Han pasado las semanas y nos encontramos con un nuevo escenario, en el que se comienzan a percibir reacciones de personas, que por su participación en la escena política nacional, como es obvio, están sujetas a la opinión pública, la cual puede ser a favor o contra de su actuación.
Conducta y comportamiento de los que actúan en política que, de acuerdo con la información que se obtiene, como es usual, se difunde a través e los diversos medios de comunicación, los cuales, en atención a la línea que siga la empresa periodística, difundirán y comentaran la noticia. En concreto, eso es lo que viene a constituir la libertad de prensa.
El particular punto de vista que tenga un periodista sobre un actor político, con relación a su comportamiento y antecedentes de todo tipo, constituye ser una opinión; la misma que, si se pretende usar el comentario para denunciar al profesional de la noticia, hay que recordarle al denunciante que, de acuerdo con el inciso 3, del artículo 2 de nuestra vigente Constitución, se establece que “Toda persona tiene derecho… a la libertad de conciencia” y “No hay delito de opinión”.
En consecuencia, mal haría el juzgador en promover una acción judicial penal, en contra de una persona, por un hecho que no constituye ser delito.
Pero, lo más importante y preocupante es que reacciones personales de esta naturaleza, además de presionar al funcionario jurisdiccional para que decida de acuerdo a sus pretensiones, promueve un debilitamiento de nuestro sistema democrático, en un porcentaje mayor del que hoy nos encontramos.
La democracia no es sólo una forma de gobierno, sintetizada en la participación ciudadana en un proceso electoral. Es mucho más que eso. La democracia es una forma de vida política, en la que varios elementos constitutivos deben acompañar su funcionamiento.
Uno de esos elementos fundamentales que todo sistema democrático debe tener es el de la libertad de prensa, consagrada también en nuestro ordenamiento constitucional en vigor, el que inspirado en el mismo criterio que tuvieron los constituyentes que elaboraron la Constitución de 1979, se tiene previsto en el inciso 4, del artículo 2, de nuestra actual Carta Política, que “Toda persona tiene derecho:… A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita…por cualquier medio de comunicación social…”, y agrega: “Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente”.
Por lo tanto, si queremos que nuestra democracia no comience por un proceso de deterioro mayor, es necesario de seguir llamando la atención a los que actúan en política, y más aún a los que manejan el poder, que las facultades que pueblo les ha otorgado tiene sus límites, previstos en las normas jurídicas y, además, como funcionarios públicos están sujetos a la opinión y evaluación ciudadana.
Y el instrumento que la población tiene para dejarse escuchar, qué duda cabe, son los medios de comunicación masivos, razón por la cual hay que preservar y garantizar su existencia y vigencia, pues,e contribuye así al funcionamiento de la democracia en el Perú.

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