La democracia no se funda ni construye ante la grita de la calle. Por más que mil o dos mil marchantes en las principales ciudades del Perú protesten, ello no significa que defienden la institucionalidad ni la lucha anticorrupción. El proceso histórico por el que atraviesa la República es más complejo que ello, por lo que debe primar lo constitucional, lo democrático y la sensatez.

Tampoco es democrático ni racional organizar plantones a la puerta de los domicilios del presidente de la República, Manuel Merino de Lama, y del presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz. Hacerlo es bajo y cobarde, mucho más cuando los que la practican resultan ser tontos útiles del principal culpable de la muerte de miles de personas por el Covid-19 y de la crisis política en la que nos encontramos, como es Martín Vizcarra Cornejo, comprometido en serios hechos de corrupción.

Del mismo modo, los más interesados en atacar al Ejecutivo son, por un lado, Ollanta Humala y su esposa, quienes tienen que rendir cuentas ante la Justicia por sus vinculaciones con Odebrecht. De otro lado tampoco tiene autoridad moral su aliado y amigo Julio Guzmán, ciudadano este que menos puede proponer protestas si dejó a una persona de su círculo “intimo” en medio de un departamento miraflorino que se incendiaba.

Lo que la comunidad internacional y la inmensa mayoría de peruanos debe hacer es empoderar al actual Ejecutivo, a fin de que lleve a buen puerto el proceso electoral en marcha y entregue el mando el 28 de julio de 2021 a quien salga elegido en las ánforas el próximo 11 de abril o en la segunda vuelta de junio. Además, Merino de Lama y Flores-Aráoz tienen que decirle la verdad a la nación acerca de cómo están recibiendo el país tras el desgobierno de Vizcarra, tienen que realizar una auditoría sobre la ruina en la que ha sumido al país ese ingeniero investigado por la Fiscalía.

En este contexto no tiene ninguna autoridad moral el grupo de excancilleres de los gobiernos del prófugo Alejandro Toledo ni del humalismo para dirigirse a la OEA, mucho más cuando algunos DE ELLOS o sus hijos trabajaron para Odebrecht, mientras que otros son empleados de las ONG financiadas por Soros. Eso es inaceptable como las marchas promovidas por dos congresistas del Partido Morado, verdaderos “profesionales” del transfuguismo.

@RafaelRomeroVas