En la primera parte de este artículo mencioné, con la brevedad exigida, cómo así se ha entregado el control del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo del país a los dos grupos políticos con menor representación en el Congreso complementario elegido el último 26 de abril.

Y vaya que rojos y morados usan el poder que han logrado capturar no por méritos propios (salvo su eficiente infiltración en la administración pública y la mediatización de la casi totalidad de los medios de comunicación a través del avisaje estatal) sino por gruesos errores y también ingenuidades de quienes se supone tienen una plataforma política distinta. Una prueba de la ingenuidad, rayana en falta de convicción, se dio en el Pleno del día sábado cuando gracias a las abstenciones (que en estos casos son propiamente traiciones) se perdió por apenas 4 votos la reconsideración respecto de la Convención Interamericana sobre el Adulto Mayor, que el Congreso anterior aprobó pese a que más allá de repetir la lista de derechos humanos como si los adultos mayores recién fueran a gozar de ellos, nada nuevo aporta para la especial situación de este grupo de ciudadanos salvo introducir la referencia a género y orientación sexual. Se frustró así que este Congreso pueda examinar la Convención y decidir si el Perú debe o no vincularse a ella.

El objetivo siguiente es, qué duda cabe, lograr una asamblea constituyente paralela al Congreso previsto elegir en abril próximo, para terminar de crear el ambiente de incertidumbre que agrave aún más la penosa situación económica y social en la que nos ha dejado el gobierno elegido en abril de 2016 (cada día más convencida estoy que lo logró con fraude). Los entusiastas de la nueva Constitución llegan hasta a la presidencia interina del Congreso, sin que se dignen siquiera poner en blanco y negro qué contenido desean darle a una nueva Constitución. Por la ideología marxista que los identifica, sumada al mercantilismo que nunca falta, es fácil intuir que quieren inmiscuir al Estado en el sector productivo y social del país, pese al desastre que ello ha significado en nuestro país y dondequiera se haya aplicado.

Por lo pronto ya tenemos nuevo endeudamiento hasta por un siglo, como anunciara ufana la primera ministra, una Policía Nacional descabezada con evidente violación a la Constitución y la ley, la ley de promoción a la agro exportación derogada en forma simplista e irresponsable y sin que ello hubiera beneficiado a los trabajadores supuestamente afectados por la ley.

¡Urge parar la demolición!