Denunciemos a los vendepatria

Denunciemos a los vendepatria

El gran problema con el comunicado de embajadas extranjeras sobre asuntos institucionales del Perú no es ideológico, sino de principios. Por eso las expresiones de rechazo del Canciller González-Olaechea no son solo mesuradas sino precisas y merecen el mayor respaldo de los ciudadanos patriotas y demócratas.
El primer concepto a defender es el de la soberanía nacional. Esta significa “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” y como tal nace del pueblo representado por su gobierno legítimo y su primer poder, el Congreso de la República.

En el Perú el gobierno de Dina Boluarte (del cual soy firme crítico) es legítimo por sucesión constitucional; y el que goce de apenas 5% de popularidad no cambia su naturaleza hasta que se proceda a una alternancia el año 2026, ni antes ni después. En cuanto al Parlamento ocurre lo mismo, su aceptación de acuerdo a la ‘encuestocracia’ puede ser mínima, pero es el ente legislativo que los peruanos elegimos el año 2021 y estamos obligados a aceptar sus decisiones normativas y fiscalizadoras gusten o no. Comprensiblemente las leyes que se aprueban pueden ser objeto de polémica pero no de legitimidad ni falta de legalidad y, menos aludiendo a una imaginaria “dictadura congresal” allí donde las bancadas están atomizadas pero actúan con libertad ya sean de izquierda o de derecha.

El segundo concepto a preservar es el de la dignidad nacional que se refiere a respetar la gesta de los peruanos por su independencia, su libertad y autodeterminación a través de doscientos años de una República liberal que debe mantenerse por encima de cualquier intento de colonialismo, intromisión o injerencia reñida con el Derecho Internacional.

Los países y organismos supranacionales que osan entrometerse y censurar el derecho a reformar el sistema de justicia peruano y a supervisar y cautelar la transparencia de las ONG que operan aquí juegan con doble rasero porque ellos sí tienen normas de organización independiente de sus estados jurídicos sin que nadie los cuestione y, efectivamente, observan protocolos de control aun más rígidos que los que hoy debatimos sobre las organizaciones no gubernamentales.

La verdad, entonces, es que se trata de una arremetida injerencista que repudiamos, así como también denunciamos el activismo político de los desquiciados Ministerio Público y JNJ que literalmente están convocando a la subversión para preservar sus corruptas gollerías en concurso con sus aliados extranjeros. Advertidos estamos de esta vil maniobra vendepatria.

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