Quiero compartir con ustedes las preocupaciones de Roberto Plasencia, un viejo lobo de mar, que me escribe frustrado al ver cómo sistemáticamente la pesca con dinamita destruye nuestra vida marina. Cavila y se mortifica anticipando que el futuro de sus nietos será desolador, si no se adoptan medidas efectivas para eliminar esta práctica y me cuenta, con añoranza, sobre aquellos tiempos –de esos que piensa, no volverán–, en los que el pescador artesanal encontraba peces de gran tamaño. La inacción para conjurar este mal, completa su desazón.

Este problema sobrepasa las capacidades de control y monitoreo de las autoridades competentes. La eficiencia de cualquier Estado que tenga actividad pesquera diversa, a lo largo de miles de kilómetros de borde costero, siempre será limitada si sus herramientas son exclusivamente las de fiscalización. La experiencia ha enseñado que ésta es necesaria, pero también complementaria a otros instrumentos relacionados con el establecimiento de mecanismos de participación, asignación de derechos de tenencia, labores educativo-preventivas y mecanismos de mercado que diferencien la oferta pescada sosteniblemente, con la que proviene de fuentes ilegales.

Quiero recomendar un gran trabajo de los investigadores del IMARPE, llamado “Detección y monitoreo de la pesca con explosivos”, que concluye entre otras cosas que esta ilegal práctica se ensambla en una línea de precisión que desborda a las autoridades, y que tiene un efecto negativo en las especies hidrobiológicas y en su ambiente biótico y abiótico.

Las comunidades de pescadores artesanales son las más perjudicadas por tal ilicitud. Los explosivos tienen un impacto en el fondo marino y en la disminución de la diversidad biológica: disminuyen los recursos que los pescadores artesanales podrían pescar, generan una competencia desleal en los mercados y, en consecuencia, perjudican directamente la economía de quienes practican una pesca responsable.

Es obvio que se necesita empoderar a estos pescadores en la gestión activa por la protección de la salud del ecosistema. En esa línea, la FAO publicó en 2015 las “Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala”, en donde se plantea que es fundamental que las comunidades de pescadores artesanales, que proveen más de la mitad de la captura marítima mundial, gocen de derechos de tenencia que les confieran prioridad de acceso a los recursos, pero también responsabilidades sobre la protección de los mismos. Solo es posible lograr esto implementando sistemas de co-manejo. El enfoque clásico centralizado, vertical y poco participativo; no funciona para lograr que los pescadores artesanales que pierden por la pesca ilegal, tengan las herramientas y el respaldo institucional para convertirse en los principales aliados para la erradicación de esta práctica.

Al respecto, los científicos Nicolás Gutiérrez, Omar Defeo y Ray Hilborn, publicaron el artículo “El liderazgo, el capital social y los incentivos promueven una pesca exitosa”. En este trabajo presentan al co-manejo como la única solución realista para que la mayoría de pesquerías mundiales puedan resolver sus problemas, y señalan que éste ocurre cuando los pescadores y los manejadores de pesquerías trabajan en conjunto. Del análisis de 130 modelos de co-manejo exitosos a nivel mundial, lograron identificar que la existencia de liderazgos fuertes, las cuotas comunitarias o individualizadas y la cohesión social son los atributos más importantes.

La manera de combatir la extendida lacra de la pesca con explosivos y artes de pesca prohibidas en nuestro litoral, deberá discurrir por la ruta de conferir derechos y responsabilidades específicas a las comunidades pesqueras artesanales y generar instrumentos de gestión que promuevan su participación activa.