Una digresión previa: Conocida la sentencia dictada por el TC en mayoría, debemos borronear algo. El fallo falla y omite pronunciarse sobre una controversia constitucional que era y es insoslayable para el presente político e institucional del país. Una pena que el supremo Tribunal de control de la Constitución haya decepcionado a la Nación y ojalá su decisión no la lamentemos más adelante.

Coincidimos con muchos que las pasadas manifestaciones de protesta en todo el país encabezadas por miles de jóvenes, marcan una irrupción generacional en el escenario nacional con una fuerza prácticamente disruptiva que no se veía hace décadas. Ningún partido o grupo de presión tiene hoy tal capacidad de convocatoria y movilización y lo más seguro es que, según como se decante y organice, será determinante en el próximo proceso electoral. Coincidimos, también, que el derecho a esta demostración colectiva pública no puede ser reprimida por el poder de policía en la medida en que se desarrolle pacíficamente. Empero, lo ocurrido ha dejado el luctuoso saldo de dos jóvenes ciudadanos muertos y no menos de doscientos heridos entre civiles y policías que ha puesto en entredicho la legalidad de la actuación policial frente a dichas masivas manifestaciones y motivado el inicio de la investigación fiscal para determinar las presuntas responsabilidades penales.

Habría que ser ciego para negar que en la contención y represión oficial de las marchas ciudadanas se incurrió en lamentables abusos y violencia desmedida. Asimismo, del lado de los protestantes (manifestantes y/o subversivos infiltrados) se llegó a cometer desmanes y actos vandálicos repudiables. Ante ello, cómo no, tendrá que haber justicia y cero impunidad caiga quien caiga, pero lo que es peligroso e inaceptable en un Estado de Derecho es que se mancille y deshonre colectivamente a la Policía del Perú acusándola de asesina o criminal. Los responsables que paguen y a la PNP el máximo RESPETO. ¡AMEN!