Robin Hood debe ser uno de los pocos personajes legendarios con el que la mayoría de la gente se identifica casi de inmediato. No solo porque se trata de un arquetipo de héroe del folclore inglés, defensor de los oprimidos y de los indigentes en la Inglaterra medieval, sino también por las innumerables representaciones cinematográficas que a través del tiempo se han hecho de él (los actores Kevin Costner y Russell Crowe interpretaron al personaje en sendos filmes con diferentes resultados de crítica). Según la leyenda, Robin Hood luchaba contra los abusos del sheriff de Nottingham y del príncipe Juan sin Tierra en una época en la que se forjó el primer documento de la historia que limitó el poder absoluto del rey, hito del constitucionalismo liberal: la carta magna de 1215.
Si tuviéramos que resumir cuáles fueron los mayores logros de este célebre documento del siglo XIII, sin duda serían las prohibiciones de castigar por conductas que no estuvieran previamente establecidas en la ley y la de cobrar impuestos no autorizados o más allá de lo fijado en la ley. Con el paso del tiempo, la legalidad como límite al poder y los mecanismos que dotaron de seguridad a las relaciones jurídicas se consolidaron y no perdieron vigencia, pero la ley no se libró de ser usada como un instrumento para intentar legitimar actuaciones contrarias a la dignidad y derechos fundamentales o intereses particulares. La realidad actual nos muestra que la facultad legisferante ya no es competencia exclusiva del Parlamento, sino que puede ser compartida con el Ejecutivo a través de la legislación delegada. Si bien en este último caso se requiere de una ley autoritativa, esta no siempre es precisa, lo que conlleva a que puedan cometerse excesos.
En relación con el reciente control de constitucionalidad efectuado por nuestro Tribunal Constitucional en la prescripción de las deudas tributarias, observamos que el respeto a la legalidad presenta una constante tensión entre esta y la “justicia”. El razonamiento en este control constitucional residió en que las reglas de prescripción pueden ser invalidadas por considerar injusto que los deudores tributarios no paguen o en si existieron excesos en la normatividad que realizó cambios en la prescripción más allá de la norma autoritativa. Se intentó reducir el debate sobre la prescripción de las obligaciones tributarias a un tema de pobres y ricos o a quienes cumplen o no cuando el verdadero problema de fondo reside en que la labor legislativa en esta materia solo se debe delegar de modo excepcional y la materia autorizada debe ser claramente restrictiva.
Los jueces ordinarios y constitucionales deben tener presente la importancia de la función de la ley, que finalmente puede imponer obligaciones o liberar al ciudadano de ciertas obligaciones o consecuencias, pero aun así está sujeta al control constitucional. En materias penales y tributarias se debe ponderar las consecuencias futuras de la decisión, toda vez que puede conllevar tanto al debilitamiento de ciertas garantías como también de la seguridad en las relaciones jurídicas.