El Derecho y la Justicia se nutren, sustancialmente, de realidades. Los romanos las denominaban cosas e incluían a los esclavos.
A esa realidad, también física o espiritual, inexorablemente debe adaptarse el Derecho en su medular tarea de ordenar la conducta externa del ser humano. Y como la Ley recibe, al mismo tiempo, ideas filosóficas o de otra índole junto a exigencias y requerimientos económicos, sociales, científicos, tecnológicos, pues bajo ese impulso nuestro modo de vida resulta sometido a constante mutación alterando situaciones, personas y cosas; es decir, tratamos de responder al reto que significa existir. La historia demuestra la intermitencia del inconmensurable desafío Hombre-Naturaleza como ocurre con la actual y aterradora pandemia covid-19 causante hasta el momento de 4’500,00 de muertes en el planeta, incluidas 200,000 en nuestro país según informe del Ministerio de Salud.
Claro que reaccionamos. En el Perú la plaga, lamentablemente, nos cogió desprevenidos y desprovistos de adecuada política de Salud Pública, circunstancia agravada con repudiables actos de corrupción administrativa. El Estado hizo y hace lo que cree necesario. Declaró al país en emergencia, como puede hospitaliza contagiados en nosocomios deficitarios, efectúa vacunación masiva, auxilia empresas al borde de falencia, reparte “bonos” y alimentos y en determinada oportunidad flexibilizó la relación laboral.
Precisamente, en este último espacio se registran casos rayanos en inhumanidad con destitución absurda de trabajadores imputándoles tardanza de minutos en su ingreso al trabajo. Y, lo paradójico, esos abusos se consuman en “aplicación de la Ley 30057”, autodenominada ”Ley Servir”, cuyo texto proclama respeto “únicamente a la Constitución”, a la Legalidad, al Decreto Legislativo 728 y a la Ley 27444 sobre Procedimiento Administrativo General a fin de “otorgar al servidor adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil”.
Evidente y ruidosa colisión entre la realidad y mal utilizadas normas legales. El laboralista uruguayo Américo Pla Rodríguez podría repetir ante ese cruel episodio: “En materia laboral importa lo que ocurre en la práctica, en la realidad, por más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o lo expresen en documentos, formularios, o instrumentos de control”.
Entre los destituidos figuran numerosos trabajadores judiciales por demora mínima y, lo más lesivo al ordenamiento jurídico: prescindencia absoluta del procedimiento administrativo pese a su exaltación en la Ley Servir. Expresión, por otra parte, de discriminación reprobada por el artículo 2.2 de la Carta Política.
Y como dicha Ley impone al destituido “Inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública”, la situación se complica pues mientras la burocracia cree estar en su salsa, los damnificados contemplan cada vez más estrecho su paso por la vida.
¿En el Congreso de la República, fiscalizador del Poder Público, habrá sectores que promuevan investigación de desajustes sociales como los someramente expuestos?
La cuestión atañe al interés público y pone sobre el tapete la necesidad de un ordenamiento jurídico más realista, más humano, de elevada sensibilidad social. Ya el Tribunal Constitucional ha sentenciado que no existe ningún espacio en que se permita la arbitrariedad.

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