En mi columna del pasado lunes, sin calcular lo que se venía, hice hincapié en llamar la atención respecto a la necesidad de "no burocratizar la solución de los problemas" y a las pocas horas se anunció la necesidad de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendría a su cargo el ejecutar obras a lo largo de todo el territorio nacional, el tener a su cargo la prevención y control de cuencas a fin de evitar los huaicos e inundaciones, así como también el de mejorar la cuenca del río Rímac.

La intención e inspiración de crear la referida autoridad, con relación a las responsabilidades que asumiría, evidentemente coincide con la actual preocupación gubernamental y de la población afectada, y que se deriva de lo que se viene comprobando como consecuencia de la acción de la naturaleza, especialmente en la zona norte del país.

Por lo tanto, no es posible poner en tela de juicio la pretensión de atender con mayor efectividad los problemas antes mencionados.

Pero la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿acaso los diversos ministerios que en el tiempo se han venido creando (sólo falta crear el "Ministerio que controle a todos los demás ministerios"), dentro del marco de sus obligaciones y de acuerdo con lo previsto en sus correspondientes leyes orgánicas, no tienen establecido, directa o indirectamente, las responsabilidades que se le quiere atribuir a la mencionada Autoridad Nacional de Infraestructura? La respuesta es un rotundo "sí".

Y, siendo reiterativo, para confirmar la afirmación antes mencionada, suficiente con recordar el papel que viene desempeñando, desde hace seis años, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual le cuesta muchos miles de millones de soles al erario nacional, para atender particularmente una burocracia de más de 1,400 trabajadores; y que, hasta hoy día, venimos reclamando por su falta de acción en los trabajos de prevención que, si se hubieran realizado, no se tendría los efectos devastadores producidos por el ciclón Yaku.

En consecuencia, y como se viene diciendo con insistencia, el problema de la no atención eficiente y oportuna de los asuntos que afectan el diario vivir de la población nacional, no se deriva de la no existencia de organismos que se encarguen de atender esos requerimientos; pues ya tenemos muchos que, por su inoperatividad, ni siquiera percibimos su existencia.

Razón por la cual volvemos a llamar la atención de que lo que falta es, a partir del objetivo que se quiera alcanzar, planificación seria y responsable, identificando con claridad qué instituciones u organismos, de los ya existentes, tienen a su cargo la responsabilidad que se quiere atender. Entonces, como vemos, el inconveniente de no poder actuar con eficiencia, oportunidad y rapidez los problemas de toda índole, no es un tema de falta de recursos económicos y de personal, sino un asunto vinculado con la gestión o manejo de la cosa pública.

Esta realidad, que no debe dejar de ser tomada en cuenta, debe motivar a los que tienen en sus manos decidir políticamente la creación de un nuevo organismo gubernamental, la necesidad de revisar integralmente cuáles son, puntualmente, las responsabilidades que le competen a cada uno de los ministerios, incluyendo sus correspondientes viceministerios (los cuales son numerosos y pueden ser reemplazados por direcciones o jefaturas), además de los innumerables organismos vinculados que, en el tiempo, se han venido creando, según se dijo, para atender asuntos puntuales.

Como resultado de esa revisión y precisión de responsabilidades gubernamentales, estoy seguro de que más de un organismo vinculado, viceministerio o ministerio, tendrá que desaparecer, para dar paso a un trabajo planificado y más responsable, con miras a conseguir de hacer más efectiva la administración pública.

El incremento injustificado de la burocracia es sinónimo de corrupción. En su lugar, debe primar la calidad y experiencia de los burócratas (no únicamente por sus títulos, certificados y diplomas que muchas veces los obtienen ilegalmente); pues ellos son los que manejan el aparato estatal, y que en manos de ellos todos estamos.

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