Con enorme descaro el Ministerio Público ignora la información publicada por este diario sobre la periodista Paola Ugaz, ex trabajadora de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. Un viejo periodista francés me enseñó que “los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas”.

Vamos entonces a los hechos. Expreso publica ‘chats’ del 2020 de Ugaz con varias personas, que ilustran transacciones monetarias no santas. La modalidad es clara. Ella les pide usar sus tarjetas de crédito para depositar, digamos S/100,000, y ofrece una ‘comisión’ de 15%, introduciendo los S/85,000 restantes en el sistema financiero.

Los ‘chats’ indican que la gente con la que ‘ruleteó’ el dinero se siente estafada porque no cumplió con entregarles la ‘comisión’ prometida. Las recriminaciones son duras y furiosas. La periodista pide paciencia, reprendiéndoles por no reconocer los ‘favores’ que les ha hecho. Le increpa a Fiorella Pinedo por quejarse, le reprocha haber ayudado a su marido a quien “de hacer abortos en una posta de Chacra Ríos lo nombró director”.

En las conversaciones, Ugaz ofrece archivar un caso en la Fiscalía y menciona al asesor legal de la gerencia del Ministerio Público desde el 2015, Marco Antonio Ríos Luna. Expreso tiene movimientos bancarios de varios ‘colaboradores’. La imputada, con todo derecho, lo ha negado todo, aduciendo una campaña de difamación contra ella.

Por viajes y otras informaciones se presume que el dinero ‘blanqueado’ sumaría S/2’000,000 provenientes de la revocatoria por el NO, de Susana Villarán. Los legos señalan que es evidente el delito de lavado de activos y organización criminal. Ugaz procederá como considere.

Lo escandaloso es que la Fiscalía calle sobre esta grave denuncia. El fiscal Carlos Puma, a cargo del caso Villarán, ‘renunció’, asignándoselo al verborreico fiscal José Pérez, el perseguidor de Keiko Fujimori. El mismo que acusó sin pruebas al fiscal Gonzalo Chávarry y a cuantos quiso. A Pérez le comió la lengua el gato sobre la profusa información de Expreso.

Bastó que una mujer denunciara, injustificadamente, a Alan García, Pilar Nores y otros por poseer bienes para que la atrabiliaria fiscalía anticorrupción iniciara una investigación por lavado de activos, señalando que se trataba de una organización criminal similar “a la Camorra o la Yakuza”, sin pruebas. Cuando García vio que el objetivo era encarcelarlo, desafortunadamente se suicidó.

Lo mismo ha ocurrido con otros líderes políticos, que han pasado por la abusiva prisión preventiva. Por el pantallazo del chat ‘La Botica’, donde hay solo opiniones lícitas, el fiscal Pérez vinculó a Chávarry con el fujimorismo, cayéndole una campaña de lapidación mediática, afectando su carrera profesional. Nos dicen que en Fiscalía hay temor y chantaje.

Los medios amigos del régimen y de la imputada callan, sabiendo que la denuncia es real. Pero que la Fiscalía lo encubra y enmudezca con desvergüenza es inaceptable. Será por la amistad de Ugaz con el fiscal Pablo Sánchez.