Detrás de los proyectos para salir de la CIDH

Detrás de los proyectos para salir de la CIDH

Salir de la competencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vuelve a poner en los titulares, cada vez que estamos en dictadura, y la posibilidad de que los fallos judiciales serviles a los fines del grupo de poder que controla la política nacional puedan ser revisados por organismos internacionales, se convierte en peligrosa.
Si hay una jurisdicción internacional que justifica su existencia es la de protección de derechos humanos, los cuales son vulnerados en las dictaduras, abriendo la posibilidad de acceder a la Justicia a los pueblos sometidos a su violación sistemática.
En el Perú, por gestión de Martín Vizcarra, se ha cerrado el sistema de garantías constitucionales, creándose una ficción de sistema judicial constitucional, que no está protegiendo los derechos humanos, salvo excepciones, como la del juez John Paredes Salas que declaró fundada una demanda de Amparo entre miles que fueron rechazadas indebidamente por sostener el abuso del poder Ejecutivo que dictó decenas de decretos supremos entre el 2021 y 2022, con la firma de Boluarte como ministra, suspendiendo derechos humanos inalienables, para coaccionar a la población a inocularse sustancias experimentales, bajo penalidad de perder el trabajo y sus derechos civiles.
No era convencimiento de que eran buenas vacunas para salvar la salud de la población, sino un concierto delictivo internacional que ha corrompido gobiernos nacionales y ha logrado tejer una red de impunidad judicial, que está permitiendo la continuación de la vulneración sistemática de los derechos humanos de millones de peruanos, sin acceso a la debida información sobre que esas sustancias no son vacunas y los están matando lentamente, para reducir la población mundial.
Cuando la dictadura ha desbordado las fronteras nacionales y es dirigida por una organización criminal internacional, es cuando recobra importancia poder acceder a los tribunales internacionales, especialmente, cuando en las naciones la Justicia se ha cerrado para servir a la dictadura globalista.
No es posible que se presenten denuncias por genocidio y crímenes de lesa humanidad con cientos de informes y reportes científicos de su realización, y los fiscales las archiven sin ninguna investigación, incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función y encubrimiento real de los autores y cómplices de estos crímenes de Estado.
Salir de la competencia de la CIDH y luego de la Corte Penal Internacional, son los pasos que está dictando la élite mundial para apropiarse totalmente del Perú. La actuación cómplice de los legisladores, gobernantes, fiscales y jueces, no quedará impune.

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