Al margen de quien lo proponga, el diálogo entre todas las fuerzas políticas es necesario y corresponde al Presidente convocarlo y liderarlo, más aún cuando fue él quien lo planteó al asumir su mandato. En buena hora que se creen las condiciones para arribar a un entendimiento con base a una agenda mínima de gobernabilidad.

Lo que no podemos permitir es el retorno del ruido político que tanto daño causa a estabilidad del país, a la gobernabilidad y a la economía al afectarse el clima propicio para las inversiones.

Tal como lo dijimos antes, la situación actual del país exige acuerdos entre las fuerzas políticas para crear las condiciones de gobernabilidad que permitan aplicar las políticas que se necesitan con urgencia para resolver los problemas más acuciantes.

Este acuerdo pasa por fijar una agenda donde no pueden faltar los temas referidos a reformas para fortalecer la institucionalidad, combate a la corrupción y crecimiento económico.

Con respecto a las reformas institucionales podemos hacer el esfuerzo para salvar la referida a la bicameralidad que corre el riesgo de caerse por el contenido polémico de la fórmula legal, que incluye un tema que no debía estar ahí, como es el caso de la cuestión de confianza. No rescatar esta reforma de bicameralidad sería desperdiciar una gran oportunidad para transformar positivamente nuestro sistema de representación política.

Otro punto en el que no podemos estar en desacuerdo es la lucha frontal contra la corrupción que continúa siendo el principal problema nacional y que amenaza todas instituciones y al funcionamiento del Estado en favor de las personas.

Igual de importante, todos tenemos la obligación de garantizar el crecimiento de la economía generando el clima propicio para la continuidad de las inversiones. Esto, además de facilitar desde el Congreso la ejecución sin tropiezos de la inversión pública que el gobierno está impulsando.

Sin un acuerdo mínimo entre el Ejecutivo y el Congreso no sería posible completar las leyes y reformas para que el Estado cumpla con sus deberes primordiales que garantizan la protección y el bienestar de la población, el imperio de la ley, y el funcionamiento de las instituciones.

No podemos perder más tiempo para alcanzar los consensos entre todas las fuerzas políticas y sociales que permitan establecer un espacio permanente de diálogo y coordinación para avanzar sin pausa hacia una sola dirección.